WASHINGTON (AP) — Un programa de condonación de préstamos de estudios para trabajadores públicos ha aliviado la situación de más de un millón de estadounidenses, desde los apenas 7.000 de antes de que el gobierno del presidente Joe Biden actualizase la iniciativa hace dos años.
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El presidente anunció el hito el jueves afirmando que su gobierno restablecía así una promesa a los maestros, bomberos, enfermeras y otros funcionarios públicos del país. Celebró la marca pese a que el programa general sigue paralizado por los tribunales tras los recursos legales presentados por estados gobernados por el Partido Republicano.
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“Durante demasiado tiempo, el gobierno no cumplió sus compromisos", apuntó Biden en un comunicado. “Nos comprometimos a solucionarlo, y gracias a las acciones de nuestro gobierno, ahora más de un millón de trabajadores de servicios públicos han recibido la ayuda a la que tienen derecho por ley".
El Programa de Perdón de Préstamos por Servicio Público se creó en 2007 con la promesa a los graduados universitarios de que el resto de sus préstamos federales de estudios quedarían anulados tras 10 años en empleos gubernamentales o sin ánimo de lucro. Pero desde 2017, la gran mayoría de los solicitantes fueron rechazados debido a unas complicadas y poco conocidas normas de elegibilidad.
Un reporte elaborado en 2018 por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) halló que el 99% de las solicitudes fueron rechazadas, a menudo porque no estaban en el plan de reembolso de préstamos correcto o porque sus cuotas habían sido pausados temporalmente a través de aplazamientos o indulgencias, periodos que no se contabilizaron para los 10 años de servicio público.
La GAO culpó al Departamento de Educación por no haber hecho unas normas más claras.
El programa fue objeto de batallas políticas y legales, con los demócratas en el Congreso pidiendo al gobierno del expresidente Donald Trump una flexibilización de las normas y mantener el espíritu del programa. Betsy DeVos, secretaria de Educación en aquel momento, respondió que seguía al pie de la letra la norma aprobada en el Congreso.
Declarando que el programa estaba “roto”, el gobierno de Biden ofreció en 2021 una exención temporal que permitía que se reconociesen los periodos previos de aplazamiento o indulgencia de los prestatarios, entre otros cambios. Un año más tarde, el Departamento de Educación actualizo las normas para ampliar la elegibilidad de forma más permanente.
Desde entonces, se ha aceptado la petición de cancelación de deuda de oleadas de prestatarios que se acercan a la década de servicio público. El jueves, otras 60.000 personas alcanzaron esa marca, elevando el total de beneficiarios a más de un millón. Cuando Biden llegó a la Casa Blanca, apenas 7.000 personas habían recibido ayudas en los cuatro años anteriores.
En total, el programa ha eliminado 74.000 millones en préstamos para trabajadores públicos.
“Quiero enviar a los estudiantes universitarios de todo Estados Unidos el mensaje de que buscan una carrera en servicios públicos no es solo una vocación noble, sino también un camino fiable para librarse de las deudas en una década”, indicó el secretario de Educación, Miguel Cardona, en un comunicado.
Luego de que sus planes para aliviar los préstamos de estudios enfrentaron recursos legales, el gobierno de Biden ha centrado cada vez más su atención en las cifras récord de cancelaciones de préstamos a través de los programas existentes.
En total, el gobierno dice haber cancelado 175.000 millones en deudas de 5 millones de beneficiarios. El programa de condonación de préstamos por servicio público representa la mayor parte de esa cifra, aunque otros han conseguido cancelar sus deudas a través de planes de pago basados en los ingresos y a través de una ley de 1994 que ofrece ayudas a estudiantes engañados por sus escuelas.
Biden incluyó la condonación generalizada de los préstamos en su campaña, pero el año pasado, la Corte Suprema bloqueó su propuesta de eliminar hasta 20.000 dólares a 40 millones de estadounidenses. El presidente ordenó que el Departamento de Educación presentase la misma propuesta con una justificación legal distinta, pero un juez en Misuri paralizó temporalmente el plan tras el recurso de varios estados de mayoría republicana.
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