SANTIAGO (AP) — El Senado de Chile aprobó el miércoles la destitución e inhabilitación por un plazo de cinco años de un magistrado de la Corte Suprema acusado de filtrar información confidencial, en un caso que forma parte de una amplia investigación sobre presuntas irregularidades en el máximo tribunal y que ha sacudido al sistema judicial.
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Los senadores fallaron en contra del magistrado Sergio Muñoz, quien enfrentaba una acusación constitucional —como se conoce en Chile el primer paso para la apertura de un juicio político— por filtrar información confidencial a su hija en un negocio inmobiliario.
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La Cámara Alta consideró que las acciones de Muñoz, quien ya se encontraba suspendido de sus funciones en la Corte Suprema desde septiembre, supusieron un trato preferente que generó “privilegios” dentro de su entorno familiar. Además concluyó que el magistrado incumplió sus deberes al no informar que su hija, también jueza en un juzgado de Santiago, habría desempeñado funciones judiciales fuera de Chile, algo prohibido.
Se trata del segundo juez del máximo tribunal de Chile en ser destituido desde la redemocratización del país, en 1990. Con el fallo, Muñoz queda inhabilitado de postularse u ocupar cargos públicos por cinco años.
La denuncia contra Muñoz fue presentada por un grupo de diputados que sostiene que Muñoz cometió irregularidades al brindar información confidencial y sensible a su hija, quien habría desistido de un negocio inmobiliario después de que fuera alertada por su padre sobre una causa judicial que resolvió la Corte Suprema.
Tras una larga sesión, que se extendió por más de siete horas, los senadores lo encontraron culpable de los tres cargos. En el marco de la misma causa, la Cámara Alta deberá votar ahora el futuro de Ángela Vivanco, otra magistrada de la Corte Suprema, señalada en el mismo juicio político.
Tanto Muñoz como Vivanco fueron denunciados a través de una acusación constitucional, como se conoce en Chile el primer paso para la apertura de un juicio político en el Congreso, por supuestas irregularidades durante su desempeño como magistrados de la Corte Suprema. Como los cargos en su contra no eran los mismos, se decidió juzgarlos separadamente en dos sesiones distintas.
Los cargos contra ambos juristas fueron formulados en una denuncia presentada a finales de septiembre a la Cámara de Diputados. Tras debatir durante semanas, la Cámara Baja aprobó la semana pasada la apertura de un juicio político y remitió el caso al Senado, que en Chile actúa en estos casos como juez y debe decidir si los acusados son culpables o no.
Las acusaciones más graves recaen sobre Vivanco, de 61 años, señalada por supuesto tráfico de influencias, “notable abandono” de sus deberes, pérdida de imparcialidad y entrega de información confidencial, entre otras irregularidades. Las primeras denuncias en su contra salieron a la luz a raíz de la filtración de unos audios de la magistrada con un influyente abogado del país, en los que se expuso conversaciones con políticos, magistrados y empresarios que puso contra las cuerdas el sistema judicial del país sudamericano.
Tras una investigación interna, la jueza fue removida de su cargo en el Supremo por una decisión unánime del pleno del máximo tribunal la semana pasada, por “mal comportamiento en el ejercicio de su cargo”, tras concluir que la ahora exjueza “incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad fallo publicado.
Así como Muñoz, si Vivanco es destituida por el Senado, tampoco podrá postularse o ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.
