BUENOS AIRES (AP) — El presidente argentino Javier Milei logró el apoyo de fuerzas aliadas en la sesión del Congreso del miércoles para sostener el veto que impuso a la ley de mejora de los salarios de los docentes y el presupuesto de las universidades públicas, en el marco de sus políticas de ajuste.
El oficialismo, que con 39 diputados está en gran desventaja numérica, logró sumar el respaldo de la fuerza conservadora PRO liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y de aliados circunstanciales de algunas provincias para blindar con 84 votos el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en septiembre con amplio apoyo de las dos cámaras del Congreso y que según el mandatario desequilibraba las cuentas públicas.
Para que el Congreso argentino eche para atrás el veto presidencial a una ley necesita el voto de dos tercios de los legisladores presentes en cada cámara legislativa.
Mientras los diputados debatían, docentes, sindicatos y organizaciones sociales izquierdistas se manifestaron en las cercanías a favor de la norma.
Milei defendió su decisión de veto antes del inicio de la sesión legislativa. “El aumento para esas instituciones (universitarias) sería ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto”, dijo en la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina.
El presidente de ultraderecha disparó contra quienes lideran el reclamo universitario calificándolos de “delincuentes" que “prostituyen” las causas nobles".
Luego de conocerse el resultado de la votación, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado mayoritariamente por docentes, convocó a un paro total el jueves “para consolidar el plan de lucha en defensa del salario y del presupuesto universitario”.
“La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del gobierno nacional. Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías", dijo la asociación de gremios en un comunicado.
La norma disponía una recomposición retroactiva del presupuesto de las universidades públicas y de los salarios de los docentes para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación desde diciembre. Según los últimos datos disponibles, la suba de precios entre enero y agosto fue de 94,8%.
Los salarios de docentes y no docentes han sufrido una pérdida del 40% de su poder adquisitivo en lo que va del año, según autoridades de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA).
Ricardo Gelpi, rector de la UBA, había pedido a los legisladores en una carta pública que insistieran con la aprobación de la norma. Gelpi señaló que el sistema universitario público argentino “es único en el mundo" al combinar “masividad, excelencia académica e ingreso irrestricto”, lo que requiere de "inversión sostenida".
"Actualmente, la situación de nuestro sistema universitario es cada vez más grave. Llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país y, de seguir así, estaremos en un punto sin retorno donde todo el sistema deje de existir tal cual hoy lo conocemos”, sostuvo el rector.
Otros académicos presentes en la protesta en las inmediaciones del Congreso advirtieron sobre el desgaste que sufrieron los programas de investigación y la motivación de los docentes a lo largo del año en un contexto inflacionario y de fuerte ajuste, así como la constante emigración de profesores al sector privado.
En opinión de Milei, quien ha llevado a cabo el mayor ajuste del gasto de la historia reciente del país, la norma no indicaba de dónde sacar el dinero para cubrir las mejoras de salarios y de presupuesto, amenazando la preservación del déficit cero para atajar la suba de precios.
El oficialismo entabló frenéticas negociaciones de última hora con legisladores que responden a gobernadores de algunas provincias. Varios legisladores de fuerzas que no comulgaban con la norma se ausentaron en la votación, lo que terminó favoreciendo al gobierno.
Durante el debate los diputados críticos con el oficialismo cuestionaron el alcance de los recortes del gasto. "Sabemos que hay que hacer un ajuste... Podemos hacerlo con cualquier otro sector, pero no con la educación que es el futuro del país”, afirmó la diputada Nancy Martínez Picón, del bloque Producción y Trabajo de la provincia de San Juan.
Sobre las críticas del gobierno acerca de la falta de transparencia en el control de gastos y deficiencias en el funcionamiento de la educación universitaria gratuita, otros legisladores afirmaron que el Ejecutivo tiene las herramientas para auditar el dinero de las casas de estudio y no las ha empleado.
Milei echó por tierra la norma con un decreto publicado hace una semana, un día después de que estudiantes, profesores y opositores se movilizaron exigiendo que siguiera en pie. Fue la segunda marcha en defensa de la educación pública —muy valorada por la ciudadanía— desde la que tuvo lugar en abril.
Anteriormente había vetado una norma que aumentaba las jubilaciones aprobada en agosto, decisión que tampoco pudo ser revocada por los diputados.