CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, envió el lunes al Congreso dos proyectos para reformar leyes secundarias que definen los pasos para la elección de jueces por voto popular a mediados del próximo año, como seguimiento a la polémica reforma judicial fraguada en el gobierno de su predecesor Andrés Manuel López Obrador y que fue cuestionada por poner en riesgo la independencia de la justicia.
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La elección de más de 1.000 jueces y magistrados se desarrollará en dos etapas, según la consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy. La primera, prevista para el 1 de junio de 2025, contemplará la votación popular de los ministros de la Suprema Corte, de las plazas vacantes en el Tribunal Electoral, de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de jueces y magistrados federales y algunos jueces estatales.
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En la segunda etapa, ya en 2027, se votará por el resto de los jueces.
Para llevar a cabo la votación, el gobierno de Sheinbaum envió las reformas legislativas a las leyes de Procedimientos Electorales y de Medios de Impugnación, con las que según Godoy, se busca darle “legalidad”, “imparcialidad” y “transparencia” al proceso de elección.
Los dos proyectos llegan al Congreso después de que la Suprema Corte de Justicia admitiera la semana pasada a trámite una consulta de impugnación de la controversial reforma judicial que, de avanzar, podría desatar una pugna entre los poderes públicos.
Ocho de los 11 ministros del máximo tribunal ratificaron el lunes la decisión de tramitar las solicitudes que presentaron jueces federales para que la Suprema Corte realice diversas acciones en torno a la reforma en materia judicial, informó esa instancia en un comunicado. También recibió una acción de controversia constitucional contra la polémica reforma que presentó el gobierno opositor del estado central de Guanajuato que será evaluada en los próximos días para determinar si se admite o no.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador promulgó a mediados del mes pasado, poco antes de concluir su sexenio, la polémica reforma judicial en medio de las críticas de especialistas y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que plantearon que los cambios pondrían en riesgo la independencia judicial y representarían un duro golpe para el sistema de contrapesos del gobierno.
Los críticos de la reforma sostienen que con la elección de los jueces por voto popular las cortes se llenarán de personas afines al partido gobernante y con poca experiencia, y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales.
A finales de este mes los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán instalar sus comités de evaluaciones para definir los candidatos que competirán por los diferentes cargos. A partir de febrero de 2025 se aprobarán las listas de postulados que competirán en la votación.
Tras la consignación de los dos proyectos de reforma, el presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña informó que los congresistas comenzarán el miércoles el debate de las iniciativas. El partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas controlan el Congreso lo que les garantiza la rápida aprobación de las reformas.
