MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El anuncio ha sido efectuado por el portavoz del Ministerio de Justicia del movimiento fundamentalista, Barkatulá Rasuli, quien ha argumentado la necesidad del decreto "en aras de las transparencia institucional".
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Rasuli indica así que "ni los responsables de gobierno ni los empleados de estas instituciones" tendrán permitido "participar de manera directa o indrecta en subastas que involucren activos públicos o extracciones mineras".
Asimismo, Rasuli ha confirmado que el decreto también afecta a compañías privadas que tengan a responsables talibán en su accionariado.
La corrupción en Afganistán es un fenómeno endémico y uno de los principales problemas del derrocado gobierno afgano, expulsado del poder por los talibán en 2021. El movimento fundamentalista ha prometido acabar con esta clase de prácticas para ganarse la confianza de la población y el retorno de la inversión extranjera de manos de aliados como Rusia o China.