MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
Los fiscales del 'procés' Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza han coincidido en calificar de preocupante la situación actual por la percepción de parcialidad y dependencia que se tiene de la Fiscalía, hasta el punto de que la ex fiscal general del Estado ha asegurado que en estos momentos es "absolutamente imposible" que el Ministerio Público actúe contra el "poder político".
PUBLICIDAD
Así se han expresado durante las III Jornada por el Estado de Derecho que ha organizado este viernes Foro Judicial Independiente (FJI), en la que han participado como ponentes del panel 'Ministerio Fiscal y separación de poderes', que ha estado moderado por el fiscal del Tribunal Supremo (TS) y vocal en el Consejo Fiscal Salvador Viada.
Este último ha señalado que, si bien el Ministerio Fiscal siempre se ha ubicado en "una zona penumbrosa" entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, la situación ha empeorado en los últimos tiempos porque parece que se ha convertido en "una especie de botín electoral" que ha dado lugar a "abusos".
Zaragoza ha indicado que, efectivamente, estamos en un contexto "preocupante", "no solamente para la institución sino en el contexto general de la convivencia y de la sociedad".
El fiscal del TS ha defendido que "la independencia del Poder Judicial no se entiende sin la independencia del Ministerio Fiscal". Y, aunque "esto no es una reflexión nueva", ha apuntado que "ahora parece que volvemos a cuestionarnos la idea de la separación de poderes quizá porque el Poder Judicial se está viendo en una situación de cierto acoso o de intento de politización o de intento de colonización".
Para Zaragoza, "es lógico que el Gobierno, por temas de política criminal, pueda sugerir actuaciones a la Fiscalía", si bien ha subrayado que "no puede ni dar instrucciones generales ni instrucciones particulares".
A su juicio, la cuestión no es si los fiscales pueden ser independientes y objetivos en sus actuaciones, algo que ha recordado que viene recogido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), "el problema es la imagen que está percibiendo en estos momentos la sociedad".
"La cuestión es otra, es esa especie de dependencia de hecho que se ha generado o que se puede generar a través de la sintonía o del seguidismo que se pueda hacer respecto a las indicaciones o sugerencias de un gobierno", ha dicho.
Al mismo tiempo ha calificado de "inasumible" que ningún gobierno ha renunciado a "transmitir la idea a la opinión pública de que el fiscal general del Estado es en cierto modo su brazo armado", lo que hace que esa idea de falta de imparcialidad e independencia "cala en la sociedad".
IMPARCIALIDAD FRENTE AL "PODER POLÍTICO"
Madrigal, interrogada sobre cómo fueron sus relaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy cuando fue fiscal general, ha asegurado que "nunca" se le hizo "ninguna indicación en asuntos concretos". "En alguna ocasión me dijeron: '¿Qué pasará con esto?'. Y dije: 'No sé'. Y trasladé la información que estaba en los medios de comunicación", ha contado.
En su opinión, el problema es que desde siempre y aún ahora esa relación entre el Ejecutivo y el jefe del Ministerio Público depende del "talante" de las personas que ostentan esas responsabilidades en un momento dado, y no debería basarse en esa "confianza", sino que debería haber "garantías" de algún tipo, ya sean estatutarias o legales.
Así, ha fijado que "la cuestión realmente importante" es si "se ha configurado de alguna forma el Ministerio Fiscal para que pueda actuar con plena imparcialidad, no solo al margen del poder político, sino contra el poder político".
"La respuesta es que no (...) La actuación contra los intereses del poder político o al margen de ellos en estos momentos --en otros momentos tampoco ha sido fácil, pero podría haber existido alguna actuación y no haberse refrenado-- pero ahora mismo, en estos momentos, es absolutamente imposible", ha aseverado.
"DÁMELO, QUE LO LLEVO YO"
Por su parte, Viada ha denunciado que actualmente ya ni siquiera existen instrucciones concretas desde la Fiscalía General del Estado a los fiscales que asumen los casos, sino que "han descubierto un sistema más eficaz, que es: 'Dámelo, que lo llevo yo'".
También ha criticado que, además de los principios de mérito y capacidad, que ha reprochado que se están interpretando "subjetivamente", el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avanzó en el último Consejo Fiscal otros dos "nuevos criterios" para realizar nombramientos discrecionales que tienen que ver con "las necesidades de la Fiscalía y los equilibrios que el fiscal general debe tener en cuenta".
Con todo, Madrigal y Zaragoza han reclamado reformas estatutarias. Este último ha propuesto ampliar el mandato temporal del fiscal general para evitar que coincida con el del gobierno; reforzar los requisitos para llegar al cargo, equiparándolos a los exigidos al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TS; y "que la persona que se designe ofrezca garantías absolutas de independencia e imparcialidad".
"Y estas garantías no existen cuando se pasa de ser ministro a fiscal general del Estado", ha remachado, en alusión a la situación de Dolores Delgado, antecesora de García Ortiz.
Madrigal ha añadido que debería establecerse algún tipo de responsabilidad penal tanto para el fiscal general como para el conjunto de los fiscales, similar a la que tienen los jueces, porque no solo hay que ser imparcial, también "hay que parecerlo y, además, hay que responder de lo que se hace".
Preguntados directamente sobre si creen que García Ortiz debería dimitir, Madrigal ha incidido en que "hay que ser imparcial y parecerlo", mientras que Zaragoza ha respondido que si estuviera en su situación "hace bastante tiempo que habría dejado el cargo". Viada ha coincidido en que "ya tendría que haberse marchado".
