BRUSELAS, 4 (EUROPA PRESS)
En sus conclusiones, Collins propone al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que declare que la Comisión no ha demostrado que, para conceder legalmente la ciudadanía, el Derecho de la Unión exija que exista un vínculo "real" o "real previo" entre un Estado miembro y un particular distinto del que exija la legislación nacional.
A raíz de una modificación de la Ley de Ciudadanía maltesa en julio de 2020, la República de Malta adoptó una legislación que incluía "el régimen de ciudadanía maltesa mediante naturalización por servicios excepcionales por inversiones directas", que permitía a los inversores extranjeros solicitar la naturalización si cumplían una serie de requisitos, principalmente de carácter económico.
Los dictámenes de los abogados generales no son vinculantes para el Alto Tribunal europeo, que, sin embargo, sigue en sus sentencias la línea marcada por las conclusiones en la gran mayoría de casos.
Según el Abogado General, la declaración relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, anexa al Acta final del Tratado de la Unión Europea, refleja el punto de vista de los Estados miembro de que sus respectivas concepciones de nacionalidad afectan a la propia esencia de su soberanía y de su identidad nacional, que no tienen intención de poner en común.
De ello se deduce que los Estados miembro decidieron que corresponde únicamente a cada uno de ellos determinar quién tiene derecho a ser uno de sus nacionales y, por consiguiente, quién es ciudadano de la UE.