MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
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Así consta en una carta de la jefa de la Secretaría Técnica de la FGE, Ana Isabel García León, a la que ha tenido acceso Europa Press. Ahora, será la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien decida si los hechos denunciados son constitutivos de los delitos de amenazas y coacciones, tal y como sostenía la plataforma, al entender que el diplomático permitió la reunión celebrada en la Embajada española en la que, tras ser amenazado --dicen--, el opositor venezolano Edmundo Rodríguez abandonó el país.
Cabe recordar que esa denuncia fue presentada en paralelo en la FGE y en la Audiencia Nacional, si bien el primer trámite al respecto ha llegado del órgano dirigido por Álvaro García Ortiz.
En esa denuncia, que recogió también Europa Press, Hazte Oír explicaba que tras las elecciones venezolanas celebradas a finales de julio, el opositor Edmundo González solicitó asilo político en la Embajada de España entre los días 4 y 5 de septiembre "para evitar ser detenido y silenciado". La plataforma destacaba que la confianza del opositor en el embajador español era plena, "pero no era consciente de la colaboración entre éste y el régimen chavista".
Así, relataba la denuncia, el 7 de septiembre, el embajador habría facilitado la entrada en la propia Embajada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, "con el claro fin de lograr que estos intimidasen al ganador de las elecciones para lograr el propósito del régimen chavista: su salida del país".
Hazte Oír sostenía que tras amenazar al opositor, el encuentro concluyó con la firma por parte de Edmundo González de un documento "en el que renunciaba a ejercer como presidente electo". Tras ello, se produciría su exilio y salida del país, cumpliéndose el objetivo del régimen bolivariano, indicaba la denuncia.
COAUTOR O COLABORADOR
El escrito de esta plataforma recogía que el propio González aclaró con posterioridad a su salida del país que el documento que firmó con su renuncia "está viciado de una nulidad absoluta" y que por tanto se negaba a cumplirlo una vez fuera de territorio venezolano. "Es decir, fue sometido a amenazas y coacciones para firmar un documento dirigido a facilitar la continuidad del régimen chavista a pesar de haber perdido este las elecciones", explicaba Hazte Oír.
Sumaba a esto que existen "informaciones" que apuntan a que el embajador "estuvo presente" cuando se produjeron las amenazas, "incluso sería posible que él mismo hubiese tomado parte directa en la emisión de las mismas". Por eso, consideran necesario investigar lo ocurrido para "depurar responsabilidades".
"El denunciado participa, al entender de esta parte, como coautor o colaborador necesario, tanto al dejar entrar a los visitantes, si conocía su intención; como al no desalojarlos inmediatamente, en cuanto empezaron a desarrollar sus comportamientos delictivos, de presión, coacción y amenazas, impidiendo así que consumaran estos comportamientos con la obtención de una firma fruto de la coacción", aseveraba la denuncia.
Hazte Oír consideraba que los hechos deben ser investigados por la Audiencia Nacional dado que se está ante "potenciales delitos cometidos fuera del territorio nacional de los cuales sería criminalmente responsable un español".
Y añadía que, si bien sería necesaria la interposición de querella por parte de la Fiscalía, ellos albergan "legítimas dudas sobre la politización" del Ministerio Público, por lo que decidieron presentar su escrito ante la Audiencia Nacional.
