MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El fallo respalda la decisión del ministro de Defensa, Yoav Gallant, que considera que no hacer entrega de los restos de Daqqa no excede el principio de proporcionalidad y establece que no existe causa alguna para recurrir a la Justicia.
Debido a la importancia de una figura como Daqqa para el movimiento palestino, el Gobierno israelí decidió tras su muerte quedarse con sus restos para utilizarlos como baza en el marco de negociaciones con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a cambio de la liberación de rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre.
Ahora, en su fallo, el Supremo ha indicado que si bien es importante mantener el "valor de respetar a los muertos y el derecho de sus familias a enterrarlos", el objetivo de "lograr la liberación de los rehenes es una cuestión fundacional para el país y así se expresa en sus leyes".
El tribunal admite que el caso de Daqqa es "excepcional" dado que aunque en el pasado ha retenido los cuerpos de palestinos muertos, nunca lo había hecho con un ciudadano israelí --Daqqa cuenta con la ciudadanía--. Además, ha lamentado que su figura haya sido "adoptada como símbolo" por Hamás, al que acusa también de no entregar los cuerpos de ciudadanos israelíes fallecidos para utilizarlos en las negociaciones para lograr la liberación de presos palestinos.
Así, se ha respaldado en la opinión de aquellos expertos que consideran que conservar sus restos puede suponer una "ventaja" para Israel durante las conversaciones con el grupo armado palestino. "Mientras escribo estas líneas pienso en los rehenes, los que faltan, los militares que siguen en Gaza y las familias de los que llevan allí muchos años", ha aseverado uno de los jueces, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.
Además de ser uno de los presos más prominentes de la lucha palestina, Daqqa también era uno de los más antiguos, cuya detención se remonta a marzo de 1986, fecha anterior incluso a la firma de los Acuerdos de Oslo.
A pesar de que su fecha de liberación estaba prevista para el 25 de marzo de 2023, la Justicia israelí añadió otros dos años a su sentencia ya cuando sufría leucemia por estar involucrado en una red que introducía teléfonos móviles en las prisiones para permitir a los presos palestinos comunicarse con sus familias.