MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Esta decisión judicial, comunicada mediante un fallo de tutela y que este miércoles ha sido impugnada por el Gobierno colombiano, afecta hasta que se lleve a cabo un proceso de consulta con la comunidad indígena Taganga, el cual también deberá tener carácter inmediato.
Desde el ministerio han considerado que el desarrollo de este campo es crucial para la sostenibilidad energética a mediano plazo, y que permitirá al país utilizar el gas natural como un fluido de transición energética.
"Esta acción contribuiría al suministro de energéticos limpios a la población colombiana y generaría ingresos por regalías que beneficiarán directamente a las regiones", ha explicado el Gobierno en un comunicado.
"En el Ministerio de Minas y Energía reiteramos nuestro compromiso con una gestión responsable de los recursos naturales que garantice el bienestar de todos los colombianos y la seguridad energética del país. Por lo tanto, continuaremos tomando las acciones necesarias para asegurar que la evaluación y desarrollo del pozo Uchuva 2 se lleven a cabo de manera oportuna y efectiva", ha expresado por su parte el ministro de la cartera, Andrés Camacho Morales.
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Reconociendo que la consulta previa es el derecho fundamental de los grupos étnicos a decidir sobre medidas, proyectos, obras o actividades que se realicen dentro de sus territorios,
Este paso busca garantizar que las decisiones se tomen con una base técnica robusta y una consideración equitativa de los derechos de los involucrados, incluidos los de las comunidades afectadas.
Para el Gobierno es "imperativo" realizar la evaluación de este pozo, ya que se estima que, de confirmarse su productividad, el campo Uchuva podría aportar un volumen recuperable equivalente al 20% de las reservas.
"Sin una evaluación adecuada, el país perderá la oportunidad de incorporar estos volúmenes potenciales de reservas, lo que agravaría la situación de oferta y demanda de gas en el país", ha argumentado el Ejecutivo.