CARACAS (AP) — La defensa del excandidato presidencial Edmundo González se reunió el miércoles con el fiscal general de Venezuela e hizo entrega de un documento, en el cual el opositor explica las razones por las que se abstuvo de comparecer a declarar en una investigación penal abierta en su contra tras las elecciones presidenciales de julio.
El encuentro se llevó a cabo horas después que José Vicente Haro, un prestigioso abogado especializado en derecho constitucional y profesor universitario, denunció que funcionarios de la Fiscalía General rechazaron recibir el documento, argumentando fallas técnicas en su sistema de datos. Posteriormente, Haro informó que recibió una llamada del despacho del fiscal general citándolo el miércoles al concluir la tarde.
En ese encuentro, el fiscal general Tarek William Saab “se mantuvo en su posición", y el jueves en la rueda de prensa anunciada "seguramente expondrá su criterio, lo que él considera su tesis”, mientras “nosotros mantendremos la defensa e intereses” del excandidato presidencial, dijo Haro a la prensa tras la reunión.
El fiscal general —cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro y exlegislador oficialista— confirmó a través de su cuenta en Instagram que recibió a Haro “en su calidad de apoderado del ciudadano requerido por la justicia venezolana”, quien “me entregó en su nombre una comunicación”, sin dar otros detalles.
Maduro, que aspiraba a la reelección para un tercer mandato, fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo de mayoría oficialista, que aseguró que el mandatario obtuvo 6,4 millones de votos frente a los 5,3 millones que recibió González. En cambio, la oposición sostiene que las actas en su poder —copias recolectadas por sus testigos en las mesas de votación y divulgadas mediante una plataforma digital— arrojan que su candidato alcanzó 7,3 millones de votos y Maduro 3,3 millones.
Los resultados anunciados por el CNE fueron ampliamente cuestionados por la oposición y la comunidad internacional por falta de transparencia. Ante las críticas, Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia —integrado por magistrados que formaron parte del gobierno— que hiciera un peritaje al proceso electoral. El tribunal certificó el 22 de agosto la victoria de Maduro y afirmó en su resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos.
En el documento entregado a la Fiscalía, González, de 75 años, manifestó que su incomparecencia a declarar “no obedece en lo absoluto al desconocimiento de la institucionalidad prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamentos de tales citaciones y por motivos que atañen al interés público y al recto entendimiento de la ley y el derecho, cuyos fines esenciales son la justicia y la paz”.
En el escrito también comentó que la coalición de partidos opositores que lo postuló dejó en claro que “no era mi responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación”, como contempla la ley. “En todo caso considero que no se han usurpado las funciones del CNE, ya que la normativa electoral de Venezuela contempla como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de las actas del escrutinio a testigos acreditados en las mesas de votación”, añadió.
Por su parte, Haro comentó previamente que González está dispuesto a declarar, pero no compareció a las citaciones como consecuencia del “grado de indefensión en el que se encuentra, donde se le han precalificado delito, donde se le están atribuyendo hechos que no revisten carácter penal como si fueran delito”. En el documento también se hace un llamado a la Fiscalía para que retome el “debido cumplimiento de la Constitución” y a que “no pretenda judicializar, pretenda criminalizar actos o consideraciones de carácter político”.
El lunes, un juez que lleva casos relacionados con el terrorismo emitió una orden de detención contra el exdiplomático por petición de la Fiscalía General.
González fue citado por la Fiscalía en tres ocasiones, la última el 30 de agosto, para que declarara en una investigación por la publicación de las actas electorales que, según la coalición opositora, demostraban que obtuvo más votos que Maduro en los comicios del 28 de julio.
Según la petición de la Fiscalía, González es requerido por la presunta comisión de los delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
González —que no ha aparecido públicamente desde el 29 de julio— ha denunciado junto con la líder opositora María Corina Machado ser perseguidos por las autoridades. El exdiplomático señaló a Saab de ser un “acusador político” que “condena por anticipado”.