BOGOTÁ (AP) — Colombia revivió la discusión sobre una fórmula para aprobar leyes por vía rápida en el Congreso que fue usada temporalmente hace siete años, luego de que el presidente Gustavo Petro planteara ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reutilizarla para avanzar en la implementación del acuerdo de paz que en 2016 firmaron el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Se trata de un procedimiento legislativo especial que fue usado temporalmente en 2016 con el propósito de darle preferencia a y agilizar la aprobación de las leyes que pondrían en marcha el acuerdo de paz. Con esto, se dio preferencia a los proyectos de ley y actos legislativos —aquellos que modifican la Constitución—y cuyo trámite se redujo a la mitad.
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Conocida en el país como “fast track”, la propuesta expuesta por Petro el jueves en Nueva York abrió el debate entre sus partidarios y detractores.
Hernán Cadavid, congresista del partido opositor Centro Democrático, dijo a The Associated Press que no está de acuerdo con la figura del “fast track”, porque considera que desconoce los mandatos de la Constitución y “busca desconocer las funciones del Congreso” al no poder surtir todos los debates, sino ir por un camino expedito. También le preocupa que por esta vía se busquen aprobar otras reformas que no tienen que ver con el acuerdo de paz con las FARC, sino con su programa de gobierno y que no han tenido éxito en el Congreso.
Al enumerar los propósitos del “fast track”, Petro señaló objetivos ambiciosos como la priorización de recursos públicos para invertir en los territorios más afectados por el conflicto armado; inversiones para los proyectos que buscan la sustitución productiva de economías ilícitas y la modificación de las normas para la compra de tierras, dado que en el acuerdo de paz se planificó la compra de tres millones de hectáreas y el Estado sólo ha adquirido cerca de 200.000.
También planteó otros más controversiales como la excarcelación de más de 35.000 campesinos que cultivaron de hoja de coca —materia prima de la cocaína—; y la institución de un “sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación” para todos los actores del conflicto, sin aclarar si esto implicaría disolver o modificar la actual Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el acuerdo de paz de 2016 para juzgar a exguerrilleros, militares y civiles que participaron en el conflicto armado.
David Flórez Ballesteros, funcionario del estatal Departamento Nacional de Planeación, ha defendido la propuesta de Petro desde X, antes Twitter, asegurando que se esta es necesaria para asegurar el cumplimiento de asuntos “medulares” del acuerdo de paz como la “democratización del acceso a la tierra”.
Además, la propuesta de revivir el “fast track” tiene retos jurídicos y políticos para ser puesta en marcha. Por un lado, el Congreso tendría que aprobar una ley que establezca los instrumentos jurídicos para dar trámite ágil a los proyectos que pretende impulsar el gobierno. Siguiendo la fórmula de 2016, se trataría de una modificación a la Constitución que requiere ocho debates para ser aprobada, lo que podría tardar varios meses.
Luego del trámite en el Congreso, la ley de “fast track” probablemente sería demandada —cualquier ciudadano lo puede hacer—, por lo que la Corte Constitucional decidiría si la propuesta es o no acorde con la Constitución, explicó a la AP el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.
En el 2016, ley que permitía esa vía rápida en el Congreso fue revisada por la Corte Constitucional que concluyó que no sustituye el principio de separación de poderes —una de las razones por las que fue demandado el fast track, que también daba algunas facultades especiales al presidente— y avaló su aplicación transitoria.
La propuesta requerirá además de un apoyo político en el Congreso, en una coyuntura distinta a la del 2016, cuando el gobierno estaba por acabar una confrontación de cinco décadas con la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
“En este caso, se utiliza el fast track para agilizar y sacar temas o que no han tenido discusión u otros que han generado discusión, pero no consenso”, señaló el consultor en comunicación política, Carlos Andrés Arias Orjuela, a la AP.
La clave en la estrategia política del gobierno, indicó Arias Orjuela, es el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ocupó ese mismo cargo en el 2016 y logró que el Congreso aprobara una ley de “fast track”. Sumado a que se trata de un instrumento jurídico legal que ya funcionó en el pasado exitosamente.
Para el congresista opositor, Cadavid, no hay certeza de lo que puede ocurrir, pues dice que “el Congreso, al tener una relación absolutamente transaccional con el gobierno nacional, es impredescible”, haciendo alusión a un reciente escándalo que involucra a algunos congresistas en un supuesto caso de corrupción de sobrecostos de varios millones de dólares en la estatal Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres y que podría condicionar su actuación ante la propuesta de Petro.
