SAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño acordó el jueves que el magistrado Oscar López Jerez continúe siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional hasta el 23 de septiembre de 2024, una extensión de poco más de dos meses en su posición en esos cargos, que originalmente concluía el domingo 30 de junio.
PUBLICIDAD
La prorroga en el mandato de López Jerez se logró con los votos de 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas y los aliados del presidente Nayib Bukele. Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron, mientras que la diputada del partido conservador VAMOS votó en contra.
PUBLICIDAD
López Jerez fue electo magistrado del máximo tribunal el 24 de septiembre de 2015, periodo que iba a concluir el 23 de septiembre de 2024. Sin embargo, el 1 de mayo de 2021, cuando el partido Nuevas Ideas tomó el control del Congreso, lo designó y juramentó presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional hasta el 30 de junio de 2024.
En su solicitud para extender su mandato, los diputados del partido Nuevas Ideas dicen que López Jerez posee “idoneidad, experiencia y aptitud en el desempeño de las funciones que le demanda el nombramiento”.
En los próximos meses el Congreso tiene que elegir a cinco magistrados propietarios, los cuales concluirán sus funciones el 23 de septiembre de 2024.
Además deberá nombrar al sucesor del magistrado propietario Miguel Ángel Flores Durel, quien falleció el 9 de julio de 2023 y había sido electo para el periodo que finaliza el 30 de junio de 2030. También tiene que elegir al sucesor del magistrado propietario Enrique Portillo Peña, que renunció el noviembre de 2002, el cual concluía su periodo en 30 de junio de 2030.
El 1 de mayo de 2021, en la primera plenaria del Congreso con mayoría del partido Nuevas Ideas, los diputados destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, un movimiento que recibió duras críticas dentro y fuera de la nación centroamericana por considerarse que atentaba contra la división de poderes.
Los diputados oficialistas y sus aliados argumentaron que los magistrados destituidos habían infringido la Constitución al haber resuelto varios recursos en contra de medidas que Bukele intentó adoptar durante la pandemia de COVID-19.
Bukele elogió el acuerdo y aseguró que “el pueblo” celebraba la decisión, al tiempo que pidió a la comunidad internacional no inmiscuirse en el tema.