JERUSALÉN (AP) — El fiscal del principal tribunal mundial para crímenes de guerra anunció el lunes que pedirá órdenes de arresto para los líderes de Israel y Hamás, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, en relación con sus acciones durante los siete meses de guerra entre ambos bandos.
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Si bien Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant no enfrentan un arresto inminente, el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, fue un golpe simbólico que profundizó el aislamiento de Israel debido a la guerra en Gaza.
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Khan acusó a Netanyahu, Gallant y tres dirigentes de Hamás —Yehia Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh— de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza e Israel.
Netanyahu y otros dirigentes israelíes condenaron la decisión, la cual calificaron de lamentable y antisemita. El presidente estadounidense Joe Biden también criticó al fiscal y dijo que Israel tiene derecho a defenderse de Hamás.
Un panel de tres jueces tomará la decisión de emitir o no las órdenes de arresto y si permite que proceda el caso. Los jueces suelen tardar dos meses en tomar esa decisión.
Israel no es miembro de la corte, por lo que incluso si se emiten las órdenes de arresto, Netanyahu y Gallant no enfrentan ningún riesgo inmediato de ser procesados. Pero la amenaza de arresto podría complicar los viajes al extranjero para los funcionarios israelíes.
Netanyahu calificó las acusaciones del fiscal de “deshonra” y las consideró un ataque contra las fuerzas armadas israelíes y todo Israel. Prometió seguir adelante con la guerra contra Hamás.
Biden dijo que la intención de arrestar a Netanyahu y Gallant por la guerra en Gaza eran “escandalosa” y afirmó que "sea lo que sea que este fiscal esté tratando de insinuar, no hay ninguna equivalencia, ninguna, entre Israel y Hamás”.
Hamás también criticó las acciones del fiscal, y aseguró que solicitar el arresto de sus líderes “pone a la víctima al mismo nivel que el verdugo”.
Netanyahu enfrenta una enorme presión, tanto en su país como en el extranjero, para que ponga fin a la guerra. Miles de israelíes se han sumado a las manifestaciones semanales en las que exigen al gobierno que llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes que siguen en poder de Hamás ante la preocupación de que el tiempo se agote.
En los últimos días, otros dos integrantes de su gabinete de guerra, Gallant y Benny Gantz, han amenazado con dimitir en caso de que Netanyahu no presente una visión clara de la posguerra para la Franja de Gaza.
Pero Netanyahu recibió el lunes un firme apoyo de políticos de todo el espectro que condenaron la decisión del fiscal de la CPI. Entre quienes expresaron su respaldo al primer ministro se incluye al presidente israelí Isaac Herzog y sus dos principales adversarios políticos: Gantz y el líder opositor Yair Lapid.
De momento se desconoce cuál será el efecto que tenga la decisión de Khan en la posición pública de Netanyahu. La posibilidad de una orden de arresto en su contra podría darle un impulso al apelar al nacionalismo de los israelíes. Pero sus rivales también podrían culparlo de generar una catástrofe diplomática para el país.
Yuval Shany, experto en derecho internacional en la Universidad Hebrea y en el Israel Democracy Institute, un grupo de expertos con sede en Jerusalén, dijo que lo más seguro es que la posición internacional de Netanyahu, de por sí afectada, resulte aún más perjudicada.
“Esto convertirá a Netanyahu en un paria, y su capacidad para trasladarse a otras partes del mundo correrá un grave riesgo”, declaró Shany. Incluso si la CPI no emite la orden de arresto, otros países podrían estar ahora más renuentes a brindar apoyo y asistencia a Israel, añadió.
Hamás ya era considerado por Occidente como un grupo terrorista. Se cree que Sinwar y Deif se ocultan en Gaza. Pero Haniyeh, líder supremo del grupo islámico, reside en Qatar y a menudo viaja por toda la región. Qatar, al igual que Israel, tampoco pertenece a la CPI.
La más reciente guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre, cuando combatientes de Gaza incursionaron en Israel y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron como rehenes a otras 250.
Desde entonces, Israel ha librado una intensa campaña militar para desmantelar a Hamás en Gaza. La ofensiva israelí ha matado a más de 35.000 palestinos, de los cuales al menos la mitad eran mujeres y niños, según los más recientes estimados de las autoridades de salud de Gaza.
El ataque israelí también ha provocado una crisis humanitaria en Gaza, donde ha desplazado a cerca del 80% de la población y dejado a cientos de miles de personas al borde de la inanición, de acuerdo con Naciones Unidas.
Sobre las acciones israelíes, Khan dijo que “los efectos del empleo del hambre como método de guerra, junto con otros ataques y castigos colectivos contra la población civil de Gaza son graves, visibles y ampliamente conocidos".
La ONU y otras agencia de ayuda han acusado en repetidas ocasiones a Israel de obstaculizar la entrega de asistencia durante el conflicto. Israel rechaza los señalamientos y afirma que no hay restricciones para el ingreso de ayuda a Gaza, además de acusar a Naciones Unidas de no distribuir la asistencia.
De las acciones de Hamás el 7 de octubre, Khan, quien visitó la región en diciembre pasado, dijo haber visto por sí mismo “las escenas devastadoras de estos ataques y el profundo impacto de los inadmisibles crímenes".
Durante la incursión a Israel, combatientes de Hamás balearon a un gran número de asistentes a un festival musical y mataron a familias enteras que se resguardaban en sus casas. "Estos actos requieren rendición de cuentas”, dijo Khan.
La abogada de derechos humanos Amal Clooney fue parte del panel de cinco expertos que asesoró a Khan. Dijo que el comité había acordado de manera unánime que había “sustento razonable” para creer que los dirigentes tanto de Hamás como de Israel habían cometido crímenes de guerra, según el comunicado.
Sudáfrica, que ha estado a la cabeza del caso de genocidio contra Israel en la corte internacional, aplaudió el anuncio de Khan. “La ley debe aplicarse por igual a todos a fin de defender el Estado de derecho internacional”, señaló la oficina del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.
La Corte Penal Internacional se estableció en 2002 como el tribunal permanente de última instancia para procesar a individuos responsables de las peores atrocidades a nivel mundial: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el delito de agresión.
La Asamblea General de Naciones Unidas ratificó a la CPI, pero el tribunal opera de manera independiente.
Decenas de naciones, como Israel, Estados Unidos, Rusia y China, no aceptan la jurisdicción del tribunal en materia de crímenes de guerra, genocidio y otros delitos.
La CPI aceptó al “Estado de Palestina” como miembro en 2015, un año después de que los palestinos aceptaron la jurisdicción del tribunal.
El entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump autorizó en 2020 la imposición de sanciones económicas y restricciones de traslado sobre la fiscal de la CPI y de otro alto funcionario del tribunal. Personal de la corte investigaba a soldados de Estados Unidos y sus aliados por posibles crímenes de guerra en Afganistán. Biden retiró las sanciones en 2021.
El año pasado la corte emitió una orden de arresto contra el presidente de Rusia Vladímir Putin acusándolo de ser responsable del secuestro de niños de Ucrania. Rusia respondió con sus propias órdenes de arresto a Khan y los jueces del tribunal.
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Molly Quell y Mike Corder, en Holanda, contribuyeron a este despacho.
