ROMA (AP) — Las autoridades italianas enfrentan una presión cada vez mayor para cerrar un conocido centro de detención de migrantes de Roma donde el mes pasado se quitó la vida un guineano de 19 años. Tras una visita, senadores de la oposición denunciaron las condiciones “indignas” en las que se encuentran quienes esperan allí a ser repatriados.
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Los grupos de derechos humanos llevan años criticando los 10 centros de repatriación de migrantes que hay en el país. Afirman que son agujeros negros para las violaciones de los derechos humanos donde los migrantes sin la documentación exigida pasan meses detenidos sin cargos en peores condiciones que las de una cárcel.
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Se supone que son centros de retención temporal para migrantes cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas o para extranjeros expulsados por motivos penales o de otro tipo, mientras se completan los trámites para devolverlos a sus países.
Pero los retrasos burocráticos y la falta de acuerdos de repatriación con los países de origen hacen que solo la mitad de los internos regresen y que los centros acaben convertidos en prisiones de facto, pero sin las instalaciones de reinserción, educación o atención sanitaria propias de los penales, según los grupos activistas.
El gobierno de ultraderecha de la primera ministra, Giorgia Meloni, defiende el uso de estos centros e incluso ha abogado por ampliarlos como un elemento necesario dentro de una estrategia más amplia para gestionar los flujos migratorios en Italia. El ejecutivo ha ampliado el tiempo máximo de detención de los migrantes hasta los 18 meses como parte de una estrategia disuasoria hacia posibles refugiados y traficantes de personas.
Radicali Roma, una asociación afiliada al Partido Radical Italiano, lanzó el viernes una petición online para que el alcalde de la capital, Roberto Gualtieri, de centroizquierda, cierre el centro de repatriación de Ponte Galeria por episodios de violencia, suicidio y protestas de sus desesperados internos.
El mes pasado, en el centro se encontró el cadáver de Ousmane Sylla, quien al parecer se había ahorcado. Se había ordenado su expulsión del país, pero Italia no tiene acuerdo de repatriación con su Guinea natal. Tras el hallazgo, los internos prendieron fuego a colchones y arrojaron objetos al personal de seguridad, lo que provocó 14 detenciones. La capacidad máxima del centro es de 125 personas.
En los últimos días, otros seis migrantes han intentado quitarse la vida en el mismo centro, dijo Marco Stufano, jefe de la oficina del prefecto de Roma. Uno de ellos seguía hospitalizado, otros dos regresaron a Ponte Galeria y los tres restantes fueron enviados a otro centro porque se consideró que su estado era “incompatible” con la detención allí, apuntó.
El consejo municipal de Roma pidió el mes pasado a Gualtieri que iniciase negociaciones “urgentes” con el gobierno para cerrar el centro ante las “graves violaciones de los derechos humanos que sufren las personas detenidas allí".
Hasta el garante de los derechos de los reos en el país, Mauro Palma, se pronunció tras una visita en diciembre. En cartas enviadas a la prefectura y al jefe de la policía de Roma, Palma criticó la falta de supervisión apuntando que cualquier instalación que prive a la gente de su libertad debe tener un sistema funcional para registrar los acontecimientos críticos y las intervenciones médicas en caso de violencia con resultado de lesiones, motines e intentos de fuga para garantizar que se respetan los derechos básicos de los detenidos.
Esta semana, tres senadores de la oposición se mostraron asombrados tras visitar Ponte Galeria.
“Este lugar es peor que una cárcel”, dijo Ivan Scalfarotto, senador del partido Italia Viva. “Las habitaciones donde viven son absolutamente insalubres, los aseos están por debajo de cualquier estándar humano. Dentro de este lugar la gente no hace nada en todo el día, no hay trabajo, ni formación, ni educación, algo que normalmente se proporciona en todas nuestras penitenciarías. La gente está encerrada aquí sin esperanza ninguna”.
Por su parte, el senador Walter Verini, del opositor Partido Democrático, indicó que aunque las críticas a este tipo de centros se suceden desde hace años, la decisión del gobierno de ampliar la detención hasta los 18 meses exige acciones inmediatas.
“Tenemos que luchar porque esto es algo indigno de un país civilizado y democrático”, dijo.
El ministro del Interior, Matteo Piatedosi, calificó la ampliación de la red de centros de repatriación de “fundamental” para la estrategia migratoria del gobierno, y apuntó que las difíciles condiciones que se dan en ellos son el resultado de los motines y el vandalismo por parte de los detenidos.
En una conferencia de prensa reciente explicó que el 50% de los detenidos son repatriados y que las expulsiones subieron entre un 20 y un 30% en lo que va de año, con respecto a 2023, y que se espera que sigan aumentando.
Pero la cifra real de repatriaciones es una de las más bajas de Europa, con una media de 3.000 devoluciones anuales frente a las más de 150.000 llegadas en 2023, y más de 105.000 un año antes.
“No hay una intención de negar ningún derecho humano, pero en estos centros hay gente que — tras un largo proceso de comprobaciones de irregularidades en sus permisos de residencia — presentan condiciones de peligrosidad que están confirmadas por las autoridades judiciales", declaró.
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La periodista de The Associated Press Nicole Winfield en Roma contribuyó a este despacho.
