MIAMI (AP) — Un empresario venezolano que ayudó a ocultar casi 17 millones de dólares en dinero para sobornos de un aliado del presidente Nicolás Maduro fue sentenciado el viernes a seis meses de cárcel por un juez federal de Estados Unidos, quien expresó su frustración de que su cooperación con las fuerzas policiales ya no sirvió de nada luego del reciente indulto para el empresario Alex Saab por parte del presidente estadounidense Joe Biden.
Orlando Contreras había estado trabajando con la DEA desde 2019 para investigar la corrupción en el país sudamericano.
Como parte de ese apoyo, hizo varios viajes peligrosos a Venezuela para recabar evidencia en contra de Saab y del exgobernador José Vielma, dijeron los fiscales.
Saab y Vielma habían sido blanco de un programa secreto de espionaje que The Associated Press sacó a la luz, en el que la DEA envió informantes encubiertos a Venezuela para grabar subrepticiamente y presentar cargos penales contra allegados de Maduro.
Posteriormente, ambos hombres fueron imputados en procesos por separado. Pero mientras Vielma sigue prófugo, Estados Unidos liberó a Saab en diciembre como parte de un intercambio por 10 estadounidenses y un contratista de defensa del Pentágono que estaban encarcelados en Venezuela.
El juez de la corte de distrito Rodolfo Ruiz dijo que fue convencido de concederle a Contreras incluso más clemencia que la recomendada por el gobierno debido a los riesgos que corrió en busca de Saab, quien era un acusado pero ahora es alguien que, instalado en Venezuela, probablemente nunca volverá a enfrentar a la justicia en Estados Unidos.
“Todo el mundo se fue”, señaló Ruiz, “y él es el único que decidió quedarse y enfrentar a la justicia”.
Saab, de 52 años, recibió una bienvenida de héroe por parte de Maduro en diciembre y de inmediato empezó a despotricar contra Estados Unidos, alegando que había sido torturado mientras aguardaba a ser extraditado desde Cabo Verde para tratar de hacer que le diera la espalda a Maduro.
Su liberación fue vista como una concesión a Maduro, en un momento en que el gobierno de Biden intenta mejorar las relaciones con la nación sudamericana y favorecer la realización de elecciones libres. Esa meta parece ser más esquiva que nunca luego de que Maduro se ha negado a cancelar la inhabilitación de su principal rival política, María Corina Machado, para ocupar un puesto de elección popular, y de nuevo ha empezado a arrestar a opositores.
Al declararse culpable el año pasado, Contreras reconoció haber recibido casi 17 millones de dólares entre 2016 y 2019 para facilitar la entrega de sobornos a cambio de contratos gubernamentales por valor de 1.600 millones de dólares adjudicados a Saab y a un socio para importar medicinas y alimentos en una época de hambre generalizada en el país. Como parte del presunto plan, los cómplices inflaron los precios de artículos básicos cobrados al gobierno de Venezuela y utilizaron la cantidad adicional para pagar sobornos a funcionarios.
Contreras dijo que se desempeñó como intermediario de Vielma, y que transfirió unos 11 millones de dólares a cuentas en el extranjero por instrucciones del entonces gobernador. Se quedó con la cantidad restante para sí mismo, pero la ha cedido al gobierno estadounidense. Hasta la fecha ha entregado más de 650.000 dólares, dos relojes de lujo y está liquidando otros 100.000 dólares, dijeron sus abogados en la corte.
“El gobierno quiere castigar a una de las pocas personas que realmente cooperaron, mientras que la persona objetivo no es castigada y es aclamada en Venezuela”, dijo Martin Steinberg, uno de los abogados de Contreras, al argumentar en favor de que su cliente tuviera una sentencia de arresto domiciliario aún más leve.
Contreras rompió a llorar al narrar dos penosos episodios de secuestro en Venezuela en los que dijo fue golpeado y sufrió abuso sexual, heridas que se reabrirían si es encarcelado, según señaló.
“Vivo cada día con miedo de que pudiera volverme a ocurrir”, le dijo al juez.
Sin embargo, Ruiz indicó que se justifica que pase cuando menos algo de tiempo en prisión para desalentar a otros de participar en planes tan sofisticados de corrupción en el extranjero.
Los abogados de Contreras describieron su cooperación como “extraordinaria”: se extendió durante más de cuatro años e involucró llamadas telefónicas coordinadas por la DEA a personas específicas, y al menos dos riesgosos viajes a Venezuela para investigaciones penales de Estados Unidos.
Sin embargo, se desconoce qué tanto abarcó su cooperación, ya que las versiones de los dos fiscales y un memorándum de sentencia de 76 páginas entregado por los abogados de Contreras permanecen precintados.
“Es justo decir que la información de corroboración que él proporcionó fue muy útil”, dijo el fiscal federal Alexander Kramer en la corte el viernes. “Viajó a Venezuela por su propia voluntad para intentar cooperar. El gobierno no se lo solicitó”.