EAGLE PASS, Texas, EE.UU. (AP) — La familia de Daniel Bermúdez había salido de Venezuela y se dirigía a Estados Unidos para pedir asilo cuando el tren de mercancías en el que atravesaban México fue detenido por agentes de inmigración.
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Su esposa intentó explicar que su familia tenía permiso para ir a Estados Unidos. En lugar de eso la llevaron en avión a la frontera sur de México, dentro de un incremento de los controles que según autoridades estadounidenses han contribuido a un brusco descenso en los cruces ilegales a Estados Unidos.
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Además de obligar a los migrantes a bajar de los trenes, México reanudó los vuelos y autobuses a la zona sur del país y empezó a devolver a algunos a su Venezuela natal.
Aunque sea temporal, la reducción en las entradas ilegales es una buena noticia para la Casa Blanca. El gobierno de Joe Biden está bloqueado en sus conversaciones con el Senado sobre las restricciones al asilo, y hay en juego 110.000 millones de dólares de ayudas para Ucrania e Israel.
Bermúdez dijo que su esposa se vio separada de la familia cuando hablaba con las autoridades mientras él reunía a su hijastro y sus pertenencias. Él quería correr, pero su esposa dijo que no debían hacerlo porque habían seguido el procedimiento al fijar una cita con las autoridades migratorias de Estados Unidos.
“Le digo, no confíe en ellos, vamos a caminar al monte”, dijo Bermúdez. “Todo el mundo se metió para el monte”.
“Entonces ella me dice, ‘bueno, pero ¿por qué vamos a correr si nosotros tenemos la cita aprobada?’”, añadió.
La semana pasada, Bermúdez, su hijastro y otros dos parientes la esperaban en un refugio en la ciudad fronteriza mexicana de Piedras Negras mientras ella tomaba un autobús con la esperanza de llegar a tiempo para su cita.
La agencia mexicana de inmigración envió al menos 22 vuelos desde la región fronteriza con Estados Unidos a ciudades sureñas durante los últimos 10 días de diciembre, según Witness at the Border, un grupo activista que monitorea datos de vuelos. La mayoría salieron de Piedras Negras, que está al otro lado de Eagle Pass, Texas.
México también hizo dos vuelos para devolver 329 migrantes a Venezuela. Ese periodo se vio marcado por la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Ciudad de México el 28 de diciembre para abordar unas cifras sin precedentes de cruces a Estados Unidos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se había resuelto un déficit financiero que llevó a la agencia migratoria a suspender las deportaciones y otras operaciones. No dio más detalles.
Las detenciones por entradas ilegales en Estados Unidos desde México cayeron a 2.500 el lunes, respecto a las más de 10.000 registradas en varios días de diciembre, según las autoridades de Estados Unidos. En la zona más atareada para la Patrulla Fronteriza, las detenciones alcanzaron las 13.800 durante el periodo de siete días que terminó el viernes, un 29% menos que las 19.400 de dos semanas antes, según el jefe de sector en Tucson, Arizona, John Modlin.
El descenso llevó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a reabrir el jueves el punto de entrada de Lukeville, Arizona, tras un mes de cierre de la ruta más directa desde Phoenix a sus playas más cercanas. Estados Unidos también reanudó las operaciones en Eagle Pass y otros tres puntos.
Comerciantes en Eagle Pass, una ciudad de unos 30.000 habitantes, dijeron que las ventas habían sufrido un “gran golpe” durante el cierre del puente al tráfico de vehículos para poder reasignar a agentes fronterizos para ayudar a procesar a los migrantes, indicó el juez del condado Maverick Ramsey English Cantu.
“Sobrevivimos básicamente por todo lo que viene del lado mexicano”, dijo.
La CBP reanudó el mes pasado el tráfico de mercancías en Eagle Pass y en El Paso, Texas, tras un parón de cinco días que según las autoridades de Estados Unidos era una respuesta a que hasta 1.000 migrantes montaran sobre un único tren de mercancías para atravesar México antes de tratar de cruzar la frontera a pie.
El jueves en Piedras Negras, la Casa del Migrante alojaba a unas 200 personas, en comparación con el máximo de 1.500 alcanzado hace poco.
Entre ellos estaba Manuel Rodríguez, de 40 años, que dijo que su familia no llegaría a su cita para pedir asilo, programada por la app CBP One del gobierno de Estados Unidos. La cita fue registrada con sus suegros, que fueron deportados a Venezuela después de que las autoridades abordaran el autobús en el que viajaban.
La cita estaba a nombre de su suegra, señaló, “y ella perdió todo”.
Las propuestas que estaban debatiendo la Casa Blanca y los negociadores del Senado incluyen una nueva autoridad de expulsión que negaría el derecho a pedir asilo si los cruces fronterizos superan una cantidad concreta. Cualquier autoridad de esa clase dependería casi con certeza de la voluntad mexicana de recibir a los migrantes no mexicanos que entran en Estados Unidos de forma ilegal, algo que ahora hace de forma limitada.
El apoyo de México fue crucial para las políticas ya abandonadas de la era Trump que obligaron a 70.000 solicitantes de asilo a esperar en México a sus citas en cortes migratorias de Estados Unidos y negaron el derecho a pedir asilo durante la pandemia del COVID-19.
Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria en Washington D.C., pidió que no se exagerase el papel de México en el reciente descenso del tráfico. Panamá reportó que menos de 25.000 personas habían atravesado la selva del Darién en diciembre, en torno a la mitad de las cifras de octubre y un indicio de que había menos personas saliendo de América del Sur hacia Estados Unidos. La migración suele bajar en diciembre por las fiestas y el clima invernal.
“Estados Unidos puede depender de México para un efecto de corto plazo de control sobre la migración en la frontera, pero los efectos de largo plazo no siempre están claros”, dijo Selee.
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Spagat informó desde San Diego. Christopher Sherman, en Ciudad de México, contribuyó a este despacho.