SANTO DOMINGO (AP) — República Dominicana es uno de los cuatro países latinoamericanos que aún prohíbe el aborto sin excepción.
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Mientras los sectores conservadores y religiosos cierran filas para evitar la despenalización, activistas en favor de tres causales que permitan interrumpir embarazos en circunstancias extremas tampoco se rinden. Según explican, las leyes que criminalizan el aborto no sólo restringen el derecho a decidir, sino también vulneran las vidas de las dominicanas.
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Aquí un panorama que sintetiza las aristas legales, religiosas y sociales en torno a la prohibición total del aborto en el país caribeño.
El aborto se penaliza sin excepción y, según el Código Penal, cualquier persona que aborte enfrenta hasta dos años de cárcel. Para médicos, parteras o enfermeras, la pena va de cinco a 20 años de prisión.
No hay otro país con una Biblia en su bandera.
El lema del Estado dominicano es “Dios, Patria, Libertad” y desde 1954 el gobierno tiene un concordato con el Vaticano, lo que implica que la religión oficial es el catolicismo, aunque la Constitución permita la libertad de culto.
Las escuelas imparten educación sexual, pero el espectro religioso incide. El programa “Aprendiendo a querer”, implementado por el Ministerio de Educación, nació de un acuerdo con la jerarquía eclesiástica para reforzar valores en las aulas.
La afiliación religiosa también pesa en el Legislativo. “Nosotros hemos orado por los congresistas y algunos congresistas se unen a nosotros en oración”, dice Martharís Rivas, directora de campaña de la organización 40 Días por la Vida, que realiza diversas acciones para poner fin al aborto en el mundo.
“Hemos ganado una mayoría provida en el Congreso y cada vez que intentan hacer cualquier cosa, nos damos cuenta”, añade. “Siempre hemos aportado a los debates que se han hecho internamente y los obispos se han acercado a los congresistas para conversar”.
No. En el campo se usan conocimientos ancestrales para interrumpir embarazos con brebajes y en las ciudades hay personal médico que se las ingenia para facilitar abortos con medicamentos como misoprostol.
“Legalmente no existe, pero si a mí me llaman, yo sé cómo encauzar esa situación”, dice una persona que trabaja en una clínica y pidió no revelar su identidad para no poner en riesgo su seguridad. “Lo que hacemos es hacerle indicaciones, porque eso (el misoprostol) se utiliza para úlceras, entonces tú indicas un complejo B, un antiácido y te lo venden”.
Además, hay redes de acompañantes como en México, dice la reconocida activista Sergia Galván.
“En 1995, teníamos tres centros de interrupción voluntaria del embarazo de manera clandestina, pero llegó un momento en que el riesgo fue muy alto”, recuerda. “Históricamente hemos tenido mecanismos pero no son suficientes, porque se dan en medio de procesos muy restringidos”.
La situación en los hospitales públicos es sumamente delicada, cuenta la enfermera Francisca Peguero, del Colegio Médico Dominicano. “Vemos inclusive muertes de adolescentes en las emergencias porque el médico se encuentra con una disyuntiva: si le presta atención, puede ser penalizado”.
Para las mujeres adultas, el panorama es aún más crítico. En los hospitales públicos, añade Peguero, hay policías que al ver a una paciente sangrando pueden denunciarla. “Tenemos mucha experiencia con mujeres que se han llevado presas, muchachas que se les saca el producto y, cuando salen de la sala de parto, ahí están esperándolas”.
Las pacientes suelen ser campesinas o mujeres de pocos recursos que buscan todo a su alcance para interrumpir su embarazo. “Recuerdo una adolescente que llegó con un pedazo de plátano en el útero”, dice Peguero. “Se introducen cosas porque está penalizado legalmente y por los padres”.
Narra que una vez atendió a una joven de 15 años que llegó desmayada y cubierta en sangre. Tras internarla, un policía subió a buscarla porque su propia madre la denunció. Aunque el embarazo fue producto de la violación de un tío, la mujer insistía en que su hija debía parir.
Diversas organizaciones refieren que médicos y hospitales titubean al tratar a mujeres embarazadas si el remedio arriesga al feto o, en caso de que haya un aborto en curso, evitan internarlas para que no se registre el caso en su hospital.
“Después de Dios, están los médicos”, pensó Rosa Hernández cuando confió la salud de su hija Rosaura al personal de una clínica en Santo Domingo.
Aunque no ignoraba que el aborto se penaliza en su país, sí desconocía que Rosaura estaba embarazada y eso le jugaría en contra. Según explica, la joven de 16 años tenía leucemia y los médicos retrasaron su tratamiento para no afectar al feto que no rebasaba el mes de gestación. A las pocas semanas, en agosto de 2012, murió.
“A mi hija me la destruyeron”, dijo durante un encuentro reciente que organizó el Women’s Equality Center. “Llegaron a ponerle el tratamiento cuando ya no tenía vida. Un mes de embarazo fue más importante que sus 16 años”.
Lo primero sería despenalizar el aborto bajo tres causales: cuando esté en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo sea producto de violación o incesto y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Según Sergia Galván, la despenalización no sólo es necesaria porque la ley actual niega derechos sexuales y reproductivos, sino porque las dominicanas enfrentan problemáticas que van más allá de las decisiones sobre sus cuerpos.
Alrededor de un 30% de las adolescentes carece de acceso a métodos anticonceptivos, no existe la educación sexual integral laica, siete de cada 10 mujeres sufre violencia de género —como incesto, matrimonio infantil y explotación sexual— y los niveles de pobreza incrementan los riesgos de enfrentar un embarazo no deseado, afirma la activista.
“Todas esas situaciones son un riesgo que una mujer no busca”, dice. “Nuestro marco constitucional debería proteger en estos casos que no son aborto por elección, sino circunstancias extremas, para preservar la vida, dignidad e integridad de una mujer”.
A corto plazo parece improbable. Aunque el presidente dominicano, Luis Abinader, se comprometió con las tres causales como candidato, su gobierno no ha dado el paso y todo indica que se reelegirá en 2024.
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La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.
