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El líder opositor de Portugal acusa a la Fiscalía de provocar la renuncia de Costa "sin indicios suficientes"

El presidente del opositor Partido Social Demócrata de Portugal (PSD), Rui Rio, cree que la fiscal general, Lucília Gago, debería dejar el cargo ya que "no fue clara" y la Fiscalía "actuó sin indicios suficientes" en el marco de la operación 'Influencer', que derivó en la renuncia del primer ministro António Costa.

Archivo - El líder del Partido Social Demócrata portugués (PSD), Rui Rio JOAO PEDRO DOMINGOS / PSD - Archivo (JOAO PEDRO DOMINGOS; Joao Pedro Domingos)

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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

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"La señora fiscal no solo no fue clara, sino que además aseguró que no se siente responsable de nada", ha dicho Rio en una entrevista para 'Diário de Noticias", en la que también ha criticado que la Fiscalía haya tenido bajo escucha durante cuatro años al ya exministro de Infraestructuras Joao Galamba.

"Peor todavía, abrió un proceso contra la fiscal María José Fernandes, que osó valientemente criticar el funcionamiento de la Fiscalía", ha dicho, ahondando en que "todo esto sería inaceptable en un verdadero régimen democrático", pero "en el Portugal contemporáneo" que siga en el cargo "no está tan fuera de lo común".

En lo que respecta a aquel párrafo final incluido en el informe en el que se deja caer sobre Costa la sombra de la duda, Rio ha dicho que este no tuvo más remedio que dejar el cargo, pues "técnicamente", fue destituido por la Fiscalía.

"La misma Fiscalía ni siquiera tiene noción del gravísimo daño que provocó al país cuando en todo el mundo fue noticia que el primer ministro portugués dimitió por sospechas de corrupción", ha dicho.

"La Fiscalía actuó sin indicios suficientes para hacerlo. Violó la separación de poderes al crear una crisis en el país, sin tener todavía una investigación que lo justificase. Esto es gravísimo", ha valorado el líder de la oposición.

Rio ha asegurado que de esta crisis quien sale peor parado es la Fiscalía, a la que acusa de hacer lo que quiere sin dar explicaciones. "Una arrogancia propia de los poderes absolutos", ha dicho el exalcalde de Oporto, quien ha contado su "experiencia" con la Fiscalía cuando su casa y la sede del PSD en Lisboa fueron registradas por sospechas de cómo se destinaron los fondos públicos al partido.

"¿Por qué razón sus acciones contra políticas vienen acompañadas de cámaras de televisión? ¿Por qué solo buscaron en mi casa por una cuestión ya asumida por todos los partidos hace 40 años? ¿Por qué solo yo? ¿No es lógico pensar que hay una intención?", se ha preguntado Rio.

"La Fiscalía no solo tiene el deber de ser autónomo, sino también la obligación legal y ética de investigar todo aquello que pueda llevar a sospechas. Donde se ha equivocado mucho es la forma en cómo lo hace y, otras veces, en la poca información que los investigadores revelan sobre la situación de las materias", ha valorado.

OPERACIÓN 'INFLUENCER'

Costa está siendo objeto de una investigación de la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia por sospechas de tráfico de influencia para desbloquear la concesión de un contrato público para construir un centro de datos en la localidad de Sines, después de que su nombre apareciera en unas escuchas.

La Fiscalía dice que Costa intervino en favor de la empresa Start Campus, responsable de ese centro. No obstante, ha reconocido que hubo una "confusión" en la transcripción de esos audios y que el António Costa del que se hablaba era el ministro de Economía António Costa Silva.

Además de este asunto, la operación 'Influencer' también investiga otras supuestas irregularidades en varias concesión para la exploración de litio y la producción de energía a través de hidrógeno. Entre los señalados está Joao Galamba, quien dimitió como ministro de Infraestructuras varios días más tarde que Costa.

En total fueron ocho personas las acusadas por la Fiscalía, cinco de las cuales entraron en prisión, si bien días después un tribunal revocó la medida dejándoles en libertad, además de reducir los cargos hasta dejar solo el de tráfico de influencias al considerar "desproporcionadas" y sin fundamento las acusaciones.

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