TEGUCIGALPA (AP) — El departamento de Estado de Estados Unidos anunció el martes que tomó la decisión de imponer restricciones de visas a hondureños a los que señala por fomentar los actos violentos que se produjeron tras el reciente nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto de forma interina.
“Estados Unidos condena el reciente uso de la violencia en Honduras para socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular y sin precedentes de un Fiscal General interino y un Fiscal General Adjunto interino”, expresó en un comunicado Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Aunque el departamento de Estado no brindó detalles de cuántas y quiénes serían las personas a las que se les impuso la restricción de visas, una figura política ligada al partido de gobierno, que solicitó no revelar su identidad por no estar autorizado a dar declaraciones, indicó a The Associated Press que la medida estaba dirigida a congresistas hondureños.
“Hasta donde sé es para toda la comisión permanente del Congreso. A los que tenían visa, algunos no tenían”.
El comunicado del departamento de Estado atribuyó a las personas señaladas —sin identificarlas— haber “fomentado el conflicto entre los hondureños al llamar a grupos violentos a movilizarse, con el resultado de ataques físicos y actos de intimidación que, en algunos casos, derivaron en heridos”.
El fiscal general y el fiscal adjunto interinos fueron elegidos en Honduras el 1 de noviembre por una comisión permanente integrada por nueve diputados oficialistas, designados por la junta directiva del Congreso Nacional de Honduras que preside Luis Redondo.
El nombramiento fue calificado por varios constitucionalistas y diputados de la oposición como un acto ilegal.
En la víspera de esa acción, se produjeron hechos violentos en las instalaciones del Congreso Nacional que terminaron con agresiones a varios diputados de la oposición que resultaron heridos.
La elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público era un tema que el Congreso Nacional venía discutiendo desde septiembre pasado, cuando una junta proponente depuró una lista de más de 100 candidatos y les envió cinco nombres para que se eligiera el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto.
De esa lista, se debía elegir a los dos funcionarios, pero la oposición y el oficialismo no lograron acuerdos sobre quiénes serían los ungidos, lo que generó una paralización de sesiones en el Legislativo, que aún se mantiene.
El martes 31 de octubre a las medianoche terminaba el período de sesiones ordinarias de 2023 en el Congreso Nacional, sin lograr la elección de las autoridades del Ministerio Público. Y ante esa fecha, la oposición exigía a la junta directiva del Congreso, presidida por Luis Redondo, que se convocara a una reunión para ampliar el período de sesiones del 1 de noviembre al 4 de enero para continuar con el diálogo.
Sin embargo, los portones del Congreso permanecieron cerrados y fue cuando seguidores del partido de gobierno, Libertad y Refundación (Libre), atacaron a pedradas y botellazos a los diputados de la oposición.
Según el departamento de Estado estadounidense, “estas acciones antidemocráticas socavan las instituciones de Honduras y son inconsistentes con los principios básicos de la Carta Democrática Interamericana, que Honduras firmó como miembro de la Organización de los Estados Americanos en septiembre de 2001”.