LIMA (AP) — Dominga Hancco y Asunta Jumpiri viajaron 1.200 kilómetros desde una región cercana a Bolivia hasta Lima para salir a las calles y protestar en busca de justicia por sus hijos adolescentes asesinados a tiros durante las protestas antigubernamentales que remecieron Perú a inicios de 2023.
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Antes de enero estas dos madres peruanas jamás habían participado en una protesta.
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“Si mi hija hubiera fallecido por enfermedad hubiese sido diferente, pero prácticamente la ha hecho matar este gobierno genocida", dijo Hancco, dueña de una tienda de alimentos en Juliaca, la ciudad más poblada de Puno, la región donde se produjo la mayor violencia contra manifestantes y transeúntes no vista en más de dos décadas.
“Es un dolor estar gritando, estar cantando, pero qué podemos hacer, tenemos que ponernos fuertes”, indicó Hancco, cuya hija Jhamileth Aroquipa, de 17 años, estudiante de psicología en la universidad de Aquino, en Bolivia, recibió un balazo en el abdomen el 9 de enero en Juliaca mientras iba junto a ella a comprar carne de pollo en medio de las protestas que habían provocado escasez de alimentos.
En su casa de Juliaca, Hancco continúa limpiando con frecuencia el cuarto de su hija Jhamileth donde están acumulados sus retratos, ropa, libros e incluso su peluche rosado favorito inspirado en el personaje ficticio Stitch, de la película “Lilo y Stitch” de Disney. También un letrero donde dice “exigimos justicia”.
Hancco ha viajado a Lima más de tres veces para marchar por las calles.
“Las personas pensarán muchas cosas, dirán que soy ociosa o loca, pero no saben que he perdido una hija... me despierto en la madrugada y me quedo pensando que he perdido la mitad de mi vida”, expresó.
Al igual que la señora Hancco, Asunta Jumpiri perdió a su hijo Brayan Apaza, de 15 años, en enero cuando salía de una cabina de internet y le cayó un balazo en la cabeza. El adolescente, el penúltimo de seis hijos, ayudaba a su madre en temporales oficios como jornalera agrícola, obrera o vendedora ambulante.
Jumpiri forma parte del más de 70% de trabajadores peruanos que laboran sin seguro de salud, ni de desempleo y que deben estar en actividad en las calles a diario para poder obtener un poco de dinero y comer.
En Juliaca vende helados en los exteriores de la escuela donde estudia su hijo menor Frank, de 9 años. Juntos van a comer después del mediodía un almuerzo de 1,6 dólares que se reparten por la mitad.
La mujer de 38 años tampoco había salido a protestar antes. Hasta ahora se la había pasado trabajando en oficios donde recibía sueldos menores que el salario mínimo peruano de 274 dólares mensuales.
La muerte violenta de su hijo produjo un cambio en su vida. Dice que ahora trabaja, va al cementerio una vez a la semana y protesta cuando hay convocatorias tanto en Juliaca, donde vive, como en Lima.
Jumpiri fue entrevistada una vez en la fiscalía general de Lima en la investigación que se le sigue a la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas.
“Me incomodó que me pregunten si mi hijo sabía manejar armas o si formaba parte de un partido político”, relató. “Él sabía otras cosas como trabajar desde muy pequeño a mi lado o darme ánimo cuando no teníamos trabajo, eso sabía".
Las protestas contra Boluarte se iniciaron el 7 de diciembre de 2022, el día en que asumió el poder luego que el anterior mandatario Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y encarcelado después que intentara disolver el Parlamento y gobernar por decreto.
Las manifestaciones se sucedieron hasta marzo sobre todo en las regiones del sur peruano, de mayoría indígena y donde Castillo había arrasado en las elecciones presidenciales de 2021.
Los informes de organismos internacionales destacan que durante las protestas contra el gobierno de Boluarte se registraron 50 civiles muertos, casi todos a causa de armas de fuego y con heridas mortales en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, el pecho, la espalda y el abdomen.
Casi la mitad —24 fallecidos— no participaban en las protestas. La mayoría de muertes se produjeron principalmente en Puno, Ayacucho y Apurímac, tres regiones de los Andes con población mayoritariamente indígena.
Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional coincidieron en que las fuerzas de seguridad peruanas violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y torturaron durante las manifestaciones.
A fines de noviembre, la entonces fiscal general Patricia Benavides denunció ante el Parlamento a Boluarte por homicidio calificado por cinco de los cincuenta muertos para que al finalizar su gestión pueda ser procesada por los jueces.
La denuncia, a la que tuvo acceso The Associated Press, indica que Boluarte habría “omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos” por parte de las fuerzas de seguridad “sobre quienes tenía una posición de dominio como jefa suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional”.
Boluarte, quien tiene una popularidad de 8% en noviembre, según el Instituto de Estudios Peruanos, no se ha referido recientemente a los muertos en protestas.
El jueves durante una ceremonia pública en una plaza de un barrio de Lima y rodeada únicamente por militares, la mandataria dijo que desde el primer día de su gobierno convocó “a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”.
Hancco, la mamá de Jhamileth Aroquipa, dijo que no tendrá paz hasta que logre justicia por su hija muerta.
“El día que los responsables vayan a la cárcel recién descansaré", aseguró.
