Afectados por un vertido tóxico de una mina, al norte de México, protestaron por lo que consideran constantes demoras de las autoridades en los procesos de limpieza y de reparación de la contaminación en el río Sonora de hace casi una década.
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En una conferencia de prensa celebrada frente a las oficinas del gobierno en Hermosillo, los miembros del colectivo local Comités de Cuenca Río Sonora describieron la situación como una crisis sanitaria que las autoridades siguen ignorando a pesar de que, según sus cifras, más de 700 personas resultaron damnificadas.
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Llevaban pancartas en las que se podía leer: “Al menos 705 personas tenemos plomo en la sangre... Urge que la Secretaría de Salud cumpla con su obligación de velar por nuestra vida, salud e integridad”.
En agosto de 2014, en lo que el actual gobierno mexicano ha descrito como “el desastre ambiental más grave de la historia de la minería metálica en México”, la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado hacia un afluente del río Sonora, lo que afectó a miles de personas de ocho municipios del estado.
El derrame, según el ejecutivo, fue “una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas” y no un accidente, tuvo lugar a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Nogales.
Tras años de espera, en los últimos meses se ha producido un aluvión de promesas, pero pocos avances aparentes.
En septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente de México publicó un informe en el que se describían los preocupantes niveles de contaminación del aire, el agua y el suelo a lo largo de 250 kilómetros cuadrados.
Al mes siguiente, este departamento anunció la interposición de una denuncia penal contra el Grupo México por no haber resarcido los daños ocasionados.
Desde entonces, la que era la única depuradora en funcionamiento cerró a finales de noviembre. En virtud de un acuerdo inicial, Grupo México se comprometió a abrir 36 plantas de tratamiento, pero sólo empezó a construir 10.
La Secretaría de Medio Ambiente y un portavoz del Grupo México declinaron hacer comentarios sobre la protesta del martes o dar cualquier información actualizada sobre la demanda legal del gobierno.
El portavoz de la empresa minera se remitió a un comunicado de prensa de octubre en el que la empresa declinaba su responsabilidad y argumentaba que las condiciones ambientales de la zona son actualmente las mismas que antes del accidente.
