MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
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El portavoz de la asociación, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, es uno de los guardias civiles --junto a dos de APROGC-- expedientados recientemente por la Dirección General por falta muy grave y la suspensión cautelar de tres meses debido a las críticas contra el proyecto de ley de amnistía que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
En un comunicado, JUCIL no menciona este martes esta cuestión pero insiste en las "sutiles presiones e intentos de acallar las voces críticas". El expediente contra su portavoz, Agustín Leal, se abrió por un comentario en redes sociales en el que la asociación criticaba la "felonía" que suponía que Pedro Sánchez defendiera ante el Comité Federal del PSOE la ley de amnistía.
TIEMPOS CONVULSOS
"La defensa de la Constitución, como norma que también permite a los guardias civiles estar asociados en la defensa de sus intereses legítimos, vive unos tiempos convulsos que llevan a JUCIL a recordar aquellos tiempos oscuros en los que el asociacionismo estuvo perseguido, incluso penado con cárcel", sostiene esta organización.
JUCIL recuerda sus reivindicaciones para mejoras laborales y sociales dentro de la Guardia Civil, apelando para ello a la Constitución y "el alto coste en vidas humanas que ha exigida la defensa de esta norma fundamental tras su promulgación". Además, defiende el "derecho a la crítica constructiva y a la libertad de expresión dentro del respeto, escrupuloso, a la neutralidad de los guardias civiles".
En el caso de la otra asociación, APROGC, que actualmente no tiene representación en el Consejo de la Guardia Civil, el expediente se abrió por un comunicado en el que recordaban su juramento como militares por el que están dispuestos a "derramar su sangre" en defensa de España y de la Constitución.
