CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno de Nicaragua anunció el lunes que ordenó la retirada inmediata de su embajador en Argentina, en rechazo a las declaraciones de las nuevas autoridades que asumirán la presidencia del país sudamericano el próximo 10 de diciembre.
En una nota de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, firmada por el canciller Denis Moncada, el gobierno de Daniel Ortega señaló que ha procedido a retirar a su embajador en Buenos Aires, Carlos Midence.
La Cancillería no precisó qué declaraciones causaron malestar en el gobierno de Managua. Tampoco aclaró si la retirada del embajador será una medida temporal o definitiva.
A inicios del mes pasado el entonces candidato argentino Javier Milei declaró que, de ganar la presidencia, no haría “negocios con ningún comunista” y mencionó específicamente a los gobiernos de Rusia, China y Brasil, aunque luego habría moderado su posición frente a los dos últimos.
Medios de prensa de Buenos Aires informaron la semana pasada que el equipo de Milei excluyó de la ceremonia de investidura a los presidentes de Cuba, Nicaragua, Venezuela e Irán.
La futura canciller argentina Diana Mondino comentó que Argentina tendrá “voz protagónica” en foros regionales para que los mencionados países “por lo menos queden expuestos”.
El anuncio de la Cancillería de Nicaragua mereció un comentario de la abogada y política argentina Paula Bertol, embajadora ante la Organización de Estados Americanos durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
“Ortega tiene razón en retirar (a) su embajador de mi país. El nuevo presidente de la Argentina @JMilei no apoya a las dictaduras”, escribió en su cuenta de X Bertol, quien desde la OEA denunció fuertemente la represión del gobierno de Ortega contra los civiles que participaron en las protestas de 2018 en Nicaragua.
Las constantes denuncias contra la administración sandinista motivaron una investigación penal en Argentina contra Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, que se inició en octubre de 2022 para determinar si el gobierno había cometido crímenes de lesa humanidad contra sus opositores.
La justicia argentina fundamenta esa investigación en el principio de jurisdicción universal reconocido en su Constitución. La denuncia la encabezan los abogados Darío Richarte y Diego Pirota y se dirige contra Ortega, Murillo y otros funcionarios del gobierno nicaragüense por presuntas violaciones de derechos humanos contra ciudadanos perseguidos desde 2018.
El fiscal federal argentino Eduardo Taiano es el encargado de dar seguimiento a la investigación, realizada con base en testimonios de víctimas y sus familiares. Indagará también hechos más recientes, como el cierre de 26 universidades privadas y decenas de medios de comunicación, así como el encarcelamiento del obispo católico Rolando Álvarez, preso y condenado a 26 años de prisión en febrero pasado.