ISLAMABAD, 1 (DPA/EP)
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El Tribunal Supremo de Pakistán ha comenzado este viernes a escuchar alegaciones en relación al caso de las masivas repatriaciones forzadas de refugiados afganos que se encuentran de manera irregular en el país, algunos incluso desde hace décadas, en medio de las críticas de organismos internacionales.
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El Supremo ha pedido a representantes del Gobierno y de una de las oficinas dirigidas por los militares que se encargan de las repatriaciones que presenten sus alegaciones antes de que finalice la próxima semana, cuando son ya cerca de 400.000 los afganos expulsados desde que se puso en marcha esta medida en octubre.
A pesar de las reiteras advertencias tanto de organismos internacionales como de fuerzas políticas de la oposición y de la sociedad civil paquistaní, Islamabad ha seguido adelante y ha intensificado el número de deportaciones, con órdenes de hasta 10.000 diarias.
El ministro de Información de la provincia de Baluchistán, Jan Achakzai, ha confirmado recientemente que el objetivo del Gobierno central es haber expulsado para enero de 2024 a al menos un millón de estas personas, muchas de las cuales tienen arraigo de décadas en Pakistán y carecen de recursos en Afganistán.
A pesar de que la medida incluye a cualquier extranjero en situación irregular, el foco está en casi dos millones de ciudadanos afganos que residen en el país sin estatus legal, responsabilizándoles de delitos y sobre todo de los ataques que se producen en las regiones que limitan con Afganistán.
Sin embargo, los talibán ha desestimado las acusaciones de Pakistán sobre el uso de suelo afgano para estos ataques. Los islamistas afirman que Afganistán no debe ser considerado responsable de ningún fallo de seguridad en el contexto regional.