MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
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"Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia que establece la inmediata libertad del señor Fujimori", ha resaltado en una entrevista con Canal N, agregando que "es una cuestión de que las autoridades administrativas procedan a la excarcelación".
Morales ha explicado que ha habido "cierta confusión" y "opiniones encontradas" tras el último fallo de la Justicia. "La voz del tribunal en mayoría es que hemos retirado los obstáculos para que esta sentencia se cumpla", ha agregado.
Esto se produce después de que los magistrados del Constitucional resolvieran declarar improcedentes las solicitudes de aclaración realizadas por el procurador del Poder Judicial y el equipo legal de Fujimori sobre una sentencia emitida en marzo de 2022, cuando la corte declaró fundado un 'habeas corpus', restituyendo el indulto concedido en 2017 y que fue revocado por el Supremo.
A efectos prácticos, los magistrados del Constitucional han declarado "jurídicamente válida" la sentencia de 2022, ya que "no cabe impugnación alguna", si bien no han resuelto su indulto, que tendrá que ser dirimido todavía por un juez de ejecución de Ica.
La hija del exmandatario peruano, Keiko Fujimori, ha celebrado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación que se haya emitido "una sentencia firme" que pone fin al "bloqueo inhumano para lograr la libertad" de su padre.
"En esta sentencia hace referencia que se cumpla con la resolución del año pasado y le da la orden al juez de ejecución que, finalmente, libere a mi padre", ha subrayado Keiko, según ha recogido el diario peruano 'La República'.
El conflicto legal deriva de un fallo previo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), elevado por los familiares de las víctimas, que ordenaba no ejecutar el indulto, razón por la cual Fujimori continúa internado a día de hoy.
El exmandatario ha apelado a sus 85 años de edad y a su estado de salud para exigir que pueda seguir cumpliendo su condena a 25 años de prisión. Fujimori fue hallado culpable de abusos a los Derechos Humanos, principalmente por las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992.
Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno entre los años 1990 y 2000.
