MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
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Los secretarios generales de la OEA y de la CoD, Luis Almagro y Thomas Garrett, respectivamente, han denunciado en un comunicado conjunto la solicitud de retirada de la inmunidad de Arévalo y su 'número dos', Karin Herrera, por parte de la Fiscalía guatemalteca.
Ambos han señalado que esta acción se engloba dentro de los "esfuerzos por parte del Ministerio Público de comprometer los resultados de las elecciones y el proceso de transición actualmente en marcha", que culminará el próximo 14 de enero de 2024.
Asimismo, han recordado a las autoridades de Guatemala que la Declaración de Varsovia contempla "el derecho de formar gobierno" a "aquellos que han resultado electos" y la obligación del gobierno saliente de "respetar los resultados" electorales, así como de ceder el poder "cuando su mandato legal concluye".
De la misma forma, han sentenciado que la celebración de "elecciones periódicas, libres y justas" es una "expresión de la soberanía popular, la separación de poderes y la independencia", lo que a su vez representa los "elementos esenciales de la democracia representativa".
"Como secretarios generales de la Comunidad de Democracias y de la Organización de los Estados Americanos reiteramos nuestros anteriores llamamientos para que el gobierno de Guatemala apoye el proceso de transición en el contexto de los acuerdos existentes, la Constitución y el respeto a la voluntad soberana del pueblo guatemalteco", han zanjado en dicho comunicado.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó la victoria de Arévalo en las elecciones generales del pasado mes de junio, si bien la Fiscalía ha tratado en los últimos meses de revocar el resultado de la votación e incluso de ilegalizar el partido del presidente, Movimiento Semilla.
De hecho, la Policía Nacional, por orden del Ministerio Público, ha llevado a cabo numerosos registros contra viviendas de simpatizantes y afiliados de Semilla como parte de su investigación contra la formación por un presunto delito de lavado de dinero.
Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 20.200 euros) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.
