MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
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El caso en origen guarda relación con una denuncia presentada por Walesa contra un antiguo socio que le acusaba de colaborar con los servicios secretos durante el régimen comunista. Inicialmente, la Justicia dio la razón al demandante y ordenó una disculpa por agravios, pero nueve años más tarde, y a raíz de un recurso de la Fiscalía, una sala vinculada al Supremo se pronunció en sentido contrario.
Para el TEDH, durante el proceso se violaron tres artículos de la Convención Europa de Derechos Humanos y que el Estado polaco debe abonar 30.000 euros en concepto de daños, asumiendo entre otras cosas que hubo una "falta de independencia" de los órganos judiciales. Durante el proceso, se constataron movimientos motivados por "opiniones y motivos políticos".
El tribunal de Estrasburgo ha señalado además que el caso "no podía separarse del pasado político (de Walesa) y del contexto político", marcado por las abiertas disputas entre el antiguo líder de Solidaridad y el Gobierno encabezado por el partido Ley y Justicia (PiS), que se arriesga a perder el poder tras las últimas elecciones parlamentarias.
El uso partidista de la Justicia en Polonia también ha estado en el punto de mira de la Comisión Europea, que ha recriminado por distintas vías --también ante el Tribunal de Justicia de la UE-- los recortes del Estado de Derecho. Bruselas considera que Varsovia ha incurrido en varias violaciones de los estándares europeos.