BOGOTÁ (AP) — Salvatore Mancuso se convirtió el viernes en el primer exjefe paramilitar en ser aceptado para comparecer ante el Tribunal de Paz que Colombia creó luego de firmar la paz hace siete años con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
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Mancuso fue uno de los más temidos paramilitares como jefe en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo armado que luchaba contra los guerrilleros de izquierda.
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Los exparamilitares no solían ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque luego de desmovilizarse en 2006 tuvieron su propio sistema llamado Justicia y Paz y fueron juzgados.
La JEP fue creada para juzgar los crímenes cometidos por exguerrilleros, miembros de la fuerza pública y algunos civiles que participaron en el conflicto armado que se extendió por cinco décadas con las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
En la audiencia pública del viernes, la JEP justificó la entrada de Mancuso al considerar que sirvió como punto de conexión entre paramilitares y la fuerza pública entre 1989 y 2004.
"Justamente esa era mi misión: contactar a la clase política, a los que dirigían el departamento y a la clase militar y económica para unirnos todos en la guerra contra la guerrilla”, dijo Mancuso ante la JEP en mayo de 2023.
El Tribunal de Paz detalló en un comunicado que Mancuso como líder paramilitar tuvo el poder para “mover los hilos de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango".
Mancuso también aseguró que participó en el planeamiento y ejecución de operaciones de las fuerzas militares, la policía y de organismos de inteligencia e intervino para impedir capturas o alterar documentos penales contra paramilitares.
En las audiencias, el exparamilitar mencionó la existencia de hornos crematorios clandestinos para desaparecer cuerpos en la frontera con Venezuela y cuerpos de víctimas colombianas que eran llevados al estado venezolano de Zulia para que se perdiera su rastro.
“La orden de desaparecer las personas vino de la fuerza pública, es la que nos da el comandante (Carlos) Castaño”, detalló Mancuso.
Francisco Daza, investigador de paz y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación que monitorea el accionar de grupos armados, indicó a The Associated Press que con las declaraciones del exparamilitar en la JEP se podrían ampliar las investigaciones sobre desapariciones y hornos crematorios que las víctimas llevan años esperando, así como de la posible responsabilidad que puedan tener empresas, sectores políticos, funcionarios públicos y militares que de alguna forma se vieron beneficiados por el accionar paramilitar.
La JEP va a trasladar a entidades competentes casos de más de 300 personas que fueron mencionados por Mancuso en sus audiencias, entre las que hay exfuncionarios estatales y exmandatarios.
El Tribunal ha atendido las declaraciones de Mancuso de manera virtual debido a que permanece en un centro de detención de migrantes en Estados Unidos, país donde cumplió una condena de 12 años en prisión por tráfico de cocaína y donde ahora espera a que se defina si será extraditado a Colombia o a un tercer país como Italia, de donde tiene la ciudadanía.
La JEP indicó que el caso de Mancuso es excepcional y que su acceso a beneficios, como quedar en libertad durante el proceso o recibir sanciones que no incluyen cárcel a cambio contar sobre su participación en el conflicto armado, no son “procesos automáticos sino trámites rigurosos”.
Mancuso no recibió de inmediato el beneficio de la libertad provisional, dado que la JEP trasladó esa decisión a Justicia y Paz —tribunal de los paramilitares— en el que Mancuso tiene pendientes varias sentencias por sus crímenes como homicidios, tortura y desplazamiento forzado.
Los paramilitares han sido señalados de cometer 205.000 homicidios, desaparecer 63.000 personas y secuestrar otras 9.500, según la Comisión de la Verdad, una instancia creada para esclarecer el conflicto interno.
Mancuso ha intentado ingresar a la JEP desde 2018 sin éxito. El Tribunal ha rechazado 1.700 solicitudes de paramilitares o agentes del Estado que no son miembros de la fuerza pública por considerarlos fuera de su competencia.
