MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
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Sunak reconoció su decepción por la sentencia del Supremo, que declaró ilegal un plan concebido en 2022, pero se agarra ahora a la idea de que, a ojos de los jueces, este tipo de traslados no es 'per se' ilegal. El tribunal puso en cuestión básicamente que estén garantizados los derechos de los migrantes en suelo ruandés.
Downing Street quiere evitar posibles recursos, confiado en que "la vía más rápida" para que puedan efectuarse los primeros vuelos pasa por una reforma legislativa exprés, según un portavoz de la oficina de Sunak citado por 'The Guardian'. El ministro del Interior, James Cleverly, ve margen para que el primer vuelo se efectúe antes de las próximas elecciones generales.
Las autoridades británicas ya llegaron a preparar un avión en junio, pero una decisión de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) paralizó el proceso. "No permitiré que un tribunal extranjero bloquee los buelos. Si Estrasburgo elige intervenir contra los deseos del Parlamento, estoy preparado a hacer lo que sea necesario", sentenció el miércoles el primer ministro.
La frase lleva implícita la amenaza de una posible retirada del TEDH, vinculado al Consejo de Europa, pero el ministro del Interior ha afirmado que las especulaciones en este sentido son sólo una "distracción". Así, en una batería de entrevistas para explicar las futuras medidas, ha apuntado que no ve "necesario" romper con el TEDH: "Creo que podemos actuar conforme al Derecho Internacional".
Sobre los recursos que ya se han destinado al fallido plan de deportaciones, estimados en 140 millones de libras (unos 160 millones de euros), Cleverly ha justificado este desembolso alegando que el mero planteamiento de la iniciativa ha tenido un "efecto disuasorio". El Gobierno reivindica que gracias a sus políticas las llegadas de migrantes y refugiados a través del canal de la Mancha han disminuido este año.