MIAMI (AP) — La Organización de Estados Americanos aprobó el miércoles una resolución que expresa una “grave preocupación" por la situación política en Guatemala y denuncia los intentos de la fiscalía de “desacreditar e impedir” la transición democrática, a pesar de las críticas y los esfuerzos de la nación centroamericana de suavizar el tono del documento.
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La resolución titulada “Acontecimientos recientes que afectan el estado de derecho y la transición presidencial democrática en Guatemala” fue votada en una reunión convocada especialmente por el Consejo Permanente de la OEA, que había sido pospuesta una semana antes a pedido del gobierno guatemalteco para conseguir apoyo a un proyecto alternativo.
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El único país que votó en contra fue Guatemala, mientras 20 más se manifestaron a favor del documento y ocho se abstuvieron, entre ellos, El Salvador, Honduras y Panamá. Tres países estuvieron ausentes, además de los habituales: Cuba, Nicaragua y Venezuela. La reunión fue transmitida de manera virtual a través de las redes sociales de la OEA.
La condena a la situación en Guatemala tuvo lugar en momentos que la nación está inmersa en una profunda crisis política por las acciones judiciales de la fiscalía contra el proceso electoral, que algunos expertos han advertido tendría un alto costo para la democracia y la economía de la nación centroamericana.
Tras expresar sus críticas al documento, por considerar que no refleja de manera justa el proceso de transición en su país, el canciller de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro, pidió al Consejo Permanente de la OEA que se incluyera un pie de página en el que se expresara la oposición de su país a la resolución.
“El proyecto de resolución sobre la situación de mi país no es justo ni objetivo ni tampoco balanceado”, dijo Búcaro, luego de defender las acciones de su gobierno y describir el proceso de transición como “inédito, con una metodología ordenada, transparente y eficiente”.
La resolución de cinco páginas expresa “grave preocupación por las continuas acciones postelectorales, disputas partidistas, la excesiva judicialización" del proceso electoral y litigios “que impactan negativamente” en la transición presidencial.
Señala también “los continuos actos” del Ministerio Público para intimidar a las autoridades electorales y las denuncias de intimidación contra miembros del Movimiento Semilla y sus familiares. Y denuncia “los intentos por parte del Ministerio Público de desacreditar e impedir una transición pacífica del poder", que “socavan el proceso democrático” y los compromisos de Guatemala. Pide asimismo a la OEA que haga seguimiento del tema en las próximas semanas.
El mismo miércoles la fiscalía pidió al Tribunal Supremo Electoral información sobre las inscripciones a diputado de Bernardo Arévalo, el presidente electo, y de Samuel Pérez, el jefe de bancada del partido Semilla, con el que el primero ganó las elecciones.
Por su parte, el Congreso eligió una comisión investigadora, integrada por cinco diputados, para indagar sobre las acusaciones de la fiscalía contra los magistrados electorales, por la compra de un software usado en un conteo rápido en elecciones.
La Fiscalía General guatemalteca, liderada por Consuelo Porras, ha arremetido contra el proceso electoral, contra el presidente electo y contra Semilla, así como contra los magistrados electorales y los más de 125.000 ciudadanos que participaron en la recolección, conteo y resguardo de los votos de millones de personas.
Miles de manifestantes liderados por organizaciones indígenas salieron a las calles a protestar, paralizando a la nación por 20 días con el cierre de carreteras. Las manifestaciones comenzaron hace más de un mes frente a la fiscalía, exigiendo la renuncia de Porras.
Países de la región, organizaciones nacionales e internacionales, y misiones de observación electoral han expresado que el proceso electoral fue transparente y han condenado la situación actual.
En el documento, la OEA hace un llamado a todas las instituciones del Estado de Guatemala a que detengan o eviten todo acto de intimidación contra funcionarios electorales, contra el partido Movimiento Semilla y contra quienes han sido electos. También exigió que se respete la integridad del material electoral.
El documento había sido presentado por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, y patrocinado por Uruguay. Fue votado después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentara un informe sobre las misiones que la organización envió a Guatemala y reconoció la colaboración del presidente, Alejandro Giammattei.
Almagro y la gran mayoría de los países que pidieron la palabra en la sesión de más de dos horas de duración, criticaron duramente a la fiscalía y defendieron los resultados de los comicios que consagraron como el próximo presidente a Arévalo.
Uruguay, que fue patrocinador de la resolución, explicó que todos, incluso los países que se abstuvieron, están preocupados por Guatemala y apoyan la democracia en ese país.
“Si no tenemos Estado de derecho, democracia, separación de poderes, lo que hay... es alteración de los valores democráticos, y ésa es la preocupación”, dijo Washington Abdala, el embajador de Uruguay ante la OEA. “Defendiendo a la democracia en Guatemala estamos defendiendo la democracia en todas y cada unas de las democracias” de la región.
