MENORCA, 15 (EUROPA PRESS)
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Según ha detallado el cuerpo policial en nota de prensa este miércoles, los arrestados son presuntos autores de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y de falsedad documental.
La investigación se inició a principios de año, cuando las primeras informaciones que recabaron los agentes indicaban que ambos empresarios estarían sometiendo a sus trabajadores a jornadas laborales muy superiores a las horas legalmente establecidas y a tratos vejatorios constantes, acompañado de gran precariedad en las condiciones de trabajo, lo que se incrementaba especialmente durante la época estival.
Asimismo, la mayoría de la plantilla carecía de contratos de trabajo, al encontrarse en situación irregular en territorio nacional.
El pasado mes de julio se llevaron a cabo diferentes inspecciones administrativas de forma conjunta y en colaboración con la Inspección de Trabajo, siendo identificadas hasta ocho trabajadoras extranjeras, de las que siete se encontraban en situación irregular en territorio nacional en ese momento y una en situación de estancia como turista.
De tales inspecciones se ha podido constatar la transgresión de la normativa vigente en materia de extranjería, precediendo la Inspección de Trabajo a tramitar el correspondiente procedimiento sancionador, oscilando las sanciones entre 10.001 y 100.000 euros por cada uno de los trabajadores en situación irregular identificados.
Según la Policía, las condiciones de trabajo ofertadas por los empleadores en un primer momento siempre eran muy atractivas laboralmente y económicamente, aunque después nunca se cumplían, aprovechando los empresarios la situación de vulnerabilidad de sus trabajadoras para beneficiarse de su situación de necesidad, llegando a realizar jornadas de trabajo que podían alcanzar las 16 horas diarias en temporada de verano, los siete días de la semana, sin apenas descansos para almorzar o hidratarse, a cambio de un salario de unos ocho euros por hora trabajada.
Además, los empresarios obligaban a los trabajadores a estar disponibles y pendientes del teléfono las 24 horas del día todos los días de la semana, siendo lo habitual avisarles a altas horas de la noche para que iniciasen su jornada laboral al día siguiente a primera hora del día.
Posteriormente, también se pudo averiguar que varios extranjeros, en su mayoría hombres de nacionalidad brasileña, habían regularizado su situación administrativa o habían obtenido renovaciones de sus permisos de residencia en España en estos últimos años, presentando para ello contratos de trabajo con la misma empresa investigada, sin haber trabajado en la misma en ningún momento.
Estos supuestos trabajadores, una vez cumplidos tres años de residencia en España, necesitaban presentar en la Oficina de Extranjería un precontrato de trabajo para solicitar un Permiso de Residencia por arraigo social, contrato que era facilitado por los detenidos a cambio de una cantidad de dinero que podría oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros.
A continuación, estos trabajadores eran dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social por parte de la empresa con la finalidad de dar credibilidad a la relación laboral simulada, para ser dados de baja a los pocos días, una vez el extranjero obtenían su Permiso de Residencia y Trabajo. Los gastos derivados de la Seguridad Social corrían a cargo del supuesto trabajador.
