MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
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Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la Cámara Baja la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, quien ha dejado claro que su partido va a utilizar todos los recursos que tenga a su alcance en las instituciones, los juzgados y la calle para plantar cara al "atropello" que, a su juicio, supone la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con Junts y ERC a cambio de la investidura del socialista Pedro Sánchez.
En el ámbito parlamentario, Millán ha avanzado que, una vez que la Mesa de la Cámara dé el visto bueno a la tramitación de la proposición de ley, previsiblemente el próximo martes, Vox presentará un recurso solicitando la reconsideración de esa decisión. Ese es un paso indispensable para poder llevar el asunto después al Tribunal Constitucional.
A diferencia de en la anterior legislatura, Vox ya no cuenta con el mínimo de 50 diputados necesarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley, pero sí podrá recurrir en amparo la tramitación ante el Alto Tribunal cuando la Mesa del Congreso rechace su escrito de reconsideración, algo que se da por seguro ya que el PSOE y Sumar tiene mayoría en ese órgano. En su día hablaron de 33 recursos de amparo, uno por cada miembro del grupo parlamentario.
En paralelo, Millán ha reiterado que su formación se querellará no sólo contra los miembros de la Mesa del Congreso que avalen la tramitación de la proposición de ley de amnistía, sino también contra los miembros de los servicios jurídicos que se pronuncien a favor de la misma.
UN LETRADO CON CARNÉ SOCIALISTA
"El letrado, el secretario general y los diputados de la Mesa del Congreso que hayan pedido la tramitación de esta ley a sabiendas de su manifiesta inconstitucionalidad, por muchas piruetas jurídicas que hagan, serán querellados por prevaricación, por dictar una resolución a sabiendas de su ilegalidad", ha avisado Millán.
"Que un letrado con carné socialista invente un informe a favor de la tramitación no le exime de la responsabilidad", ha abundado en referencia a Galindo, el alto funcionario de las Cortes que recaló hace unas semanas en la Secretaría General del Congreso desde la Subsecretaría de Política Territorial del ministerio que encabeza Isabel Rodríguez.
