LA HAYA, Holanda (AP) — Guyana exhortó el martes a los jueces del máximo tribunal de la ONU a que llamen a detener partes de un referendo venezolano sobre una disputa territorial que los representantes guyaneses calificaron de “amenaza existencial” diseñada para allanar el camino hacia la anexión de gran parte del país.
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Dos días de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia son el forcejeo más reciente entre los vecinos sudamericanos en una disputa que se remonta a 1899, cuando un tribunal internacional de arbitraje trazó la frontera entre ambas.
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Esa franja de selva al oeste del río Esequibo, de un área un poco menos que la de Uruguay, es rica en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales.
En 2018, Guyana inició una demanda ante la Corte Mundial para que ratifique el fallo de 1899. Regresó a la corte el mes pasado, cuando las autoridades venezolanas publicaron cinco preguntas que piensan formular en una consulta popular acerca del futuro del Esequibo, prevista para el 3 de diciembre.
“La decisión colectiva a la que se recurre implica nada menos que la anexión del territorio en disputa en este caso. Este es un ejemplo clásico de anexión”, dijo Paul Reichler, un abogado estadounidense que representa a Guyana.
La demanda pide a los jueces que emitan urgentemente una serie de órdenes, siendo una de ellas la de detener el referendo en su forma actual y eliminar tres de las cinco preguntas.
“No es exagerado calificar la amenaza actual a Guyana de existencial y la necesidad de medidas provisorias de urgente”, dijo el jefe del equipo guyanés en la corte, Carl Greenidge, a los jueces.
El referendo “busca crear un nuevo estado venezolano que pretende anexar e incorporar a su territorio toda la región del Esequibo —más de dos tercios de su territorio nacional— y otorgar ciudadanía venezolana a la población”, añadió.
El referendo fue propuesto por la Asamblea Nacional, aprobado por el Consejo Nacional Electoral y ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, todos controlados por partidarios del presidente Nicolás Maduro.
Maduro y sus aliados piden a los ciudadanos que voten por el “sí” a todas las preguntas, una de las cuales llama a la creación de un estado en el territorio y otorgar la ciudadanía venezolana a residentes actuales y futuros.
Es una escalada significativa en los roces entre los dos países, que han aumentado desde 2015 como resultado de las operaciones de exploración petrolera de ExxonMobil y otras empresas en zonas offshore en aguas que intersectan el territorio en disputa.
El gobierno venezolano sostiene que Guyana no tiene jurisdicción para otorgar concesiones en las zonas marítimas frente al Esequibo.
“Es un exabrupto político, diplomático, jurídico” la pretensión de Guyana de que la Corte Internacional de Justicia interfiera en la realización del referendo y “le quite el derecho al voto a los venezolanos, le quite el derecho a participar”, dijo Maduro en una teleconferencia con los representantes diplomáticos de Venezuela en el exterior, transmitido por la televisión estatal.
“Venezuela ha tomado su decisión de que el 3 de diciembre decide sobre la Guayana Esequiba de manera soberana, de manera popular, votando pacíficamente en el referendo consultivo convocado por la Asamblea Nacional”, aseveró el gobernante.
“No habrá poder en este mundo, no existe”, una instancia ajena a Venezuela que condicione o impida la consulta, insistió.
Hace seis semanas, la oposición venezolana realizó una elección primaria de candidato presidencial con una participación que superó todas las expectativas, incluso en zonas consideradas baluartes del oficialismo.
Luego de años de mediaciones que no lograron resolver la disputa, Guyana apeló a la CIJ en 2018 para pedir que declare la decisión de 1899 válida y vinculante. Venezuela sostiene que un acuerdo de 1966 para resolver la disputa anuló el arbitraje original.
La corte ha fallado que la causa tiene mérito y que la CIJ tiene jurisdicción. Pueden pasar años antes de que emita un fallo definitivo y vinculante, pero es probable que se conozca en cuestión de semanas una decisión sobre el pedido del martes.
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Regina García Cano y Jorge Rueda contribuyeron a este despacho desde Caracas.
