SANTA FE, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Una nueva demanda colectiva afirma que las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos ignoraron las señales de condiciones insalubres e inseguras en un centro de detención de Nuevo México para garantizar que la instalación permaneciera abierta y recibiendo financiación pública.
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La demanda, anunciada el miércoles por una coalición de defensores de los derechos de los migrantes, fue presentada a nombre de cuatro venezolanos de entre 26 y 40 años de edad, quienes han solicitado asilo en Estados Unidos y afirman que se les negó atención médica, acceso a duchas en funcionamiento y alimentación adecuada en el Centro de Detención del condado de Torrance, todo esto mientras que se les obligaba a realizar tareas de limpieza, a veces sin compensación.
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El centro de detención ubicado en la localidad rural de Estancia, a unos 320 kilómetros (200 millas) de la frontera con México, está contratado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) para alojar al menos a 505 migrantes hombres adultos en cualquier momento, aunque la población real fluctúa.
En los últimos años, los defensores de los migrantes han denunciado en repetidas ocasiones que las condiciones de vida en el centro son inadecuadas y que los solicitantes de asilo que pasan por él tienen un acceso limitado a la asistencia jurídica. Han instado al ICE a poner fin a su contrato con un operador privado, y han pedido a los legisladores estatales que prohíban los contratos del gobierno local para la detención de migrantes.
“La cuestión es que el ICE no puede hacerse de la vista gorda ante las condiciones en los centros de detención”, dijo Mark Feldman, abogado sénior del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, uno d los grupos que representan a los demandantes. “Mantienen la responsabilidad de supervisión por mandato del Congreso sobre las condiciones en cualquier lugar donde se detenga a migrantes”.
El centro de detención no superó una evaluación de rendimiento en 2021, y la demanda alega que el ICE se apresuró a evitar la documentación de un segundo fracaso consecutivo que pudiera interrumpir el financiamiento federal al respaldar una “inspección profundamente defectuosa y poco rigurosa” por parte de un contratista independiente.
La demanda afirma que la agencia hizo caso omiso de las conclusiones contradictorias del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y de un funcionario contratado por el ICE que dejaban entrever la persistencia de condiciones insalubres y escasez de personal.
CoreCivic, el operador privado en el condado de Torrance, dijo que el ICE ha auditado en repetidas ocasiones las instalaciones de Estancia con resultados que respaldan la continuación de las operaciones.
