BRUSELAS, 9 (EUROPA PRESS)
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Bruselas consideró en 2016 que las sociedades de Apple en Irlanda habían recibido una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior, de la que se había beneficiado el grupo Apple en su conjunto, e instó al país a proceder a su recuperación.
En 2020, a instancia de Irlanda y Apple, el Tribunal General anuló la decisión de la Comisión, al considerar que esta no había demostrado la existencia de una ventaja derivada de la adopción de las decisiones fiscales anticipadas, tras lo que Bruselas pidió al Tribunal de Justicia que anulase la sentencia.
Ahora, en sus conclusiones, el Abogado General ha propuesto al Tribunal de Justicia que anule la sentencia y devuelva el asunto al Tribunal General para que este resuelva nuevamente sobre el fondo.
La opinión del Abogado General no es vinculante para el TJUE, aunque la gran mayoría de las sentencias dictadas por el Alto Tribunal europeo siguen la línea marcada previamente por estos dictámenes.
Según el Abogado General, el Tribunal General incurrió en una serie de errores de Derecho al declarar que la Comisión no había demostrado de manera suficiente que las licencias de propiedad intelectual de las que son titulares las sociedades de Apple en Irlanda y los beneficios correspondientes, generados por las ventas de los productos Apple fuera de los Estados Unidos, debían atribuirse a efectos fiscales a las sucursales irlandesas.
Asimismo, estima que el Tribunal General no apreció correctamente la existencia y las consecuencias de ciertos errores metodológicos que, según la decisión de la Comisión, viciaban las decisiones fiscales anticipadas, por lo que el Abogado General considera necesario que proceda a una nueva apreciación del asunto.
