CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un Tribunal guatemalteco absolvió a tres militares de un grupo élite del ejército acusados de participar en la masacre de unos 200 campesinos en la comunidad Dos Erres al norte del país, ocurrida en 1982.
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Los absueltos son Alfonso Bulux, Gilberto Jordán y José Ortíz Morales. Los dos últimos huyeron de la justicia y vivieron como migrantes en Estados Unidos, de donde fueron deportados para que enfrentaran a la justicia de Guatemala.
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Éste es el cuarto juicio que se lleva por el caso. Por lo menos otros cinco acusados, militares integrantes del mismo grupo élite conocido como Kaibiles, fueron condenados a más de 5.000 años de prisión por esas muertes. Sin embargo, la legislación guatemalteca solo permite que una persona cumpla 50 años en prisión.
La masacre ocurrió a finales de 1982, cuando en medio de la guerra entre ejército y la guerrilla izquierdista, un grupo de combatientes robó armas a los militares. En la búsqueda del armamento, los soldados llegaron a la comunidad Dos Erres, ubicada en el departamento de Petén y habitada por campesinos, a quienes acusaron de ayudar a la guerrilla.
Según la hipótesis de la fiscalía, al no encontrar las armas en el lugar, los uniformados se ensañaron contra la población, separando hombres, mujeres, niños y niñas, a quienes violaron, torturaron y asesinaron. Arrojaron sus cuerpos, algunos aún con vida, a un pozo que estaba en construcción.
El tribunal que absolvió a los tres militares dijo que no encontró responsabilidad de los acusados y que además hubo incoherencias en fechas de fallecimiento de las víctimas. También ordenó que los tres imputados queden en libertad de forma inmediata y que se destruya la prueba material presentada en el debate.
La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), querellantes en el caso, condenó y rechazó el fallo del tribunal.
En un fallo en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por no investigar el caso, mantenerlo en impunidad y no responder a las víctimas que esperaron más de 27 años para obtener por primera vez condenas en el caso.
