SANTIAGO (AP) — Los chilenos enfrentarán en diciembre la disyuntiva de mantener la Constitución legada por la dictadura militar o reemplazarla por un proyecto redactado mayoritariamente por la oposición derechista.
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Esta es la segunda oportunidad en 15 meses que podrán elegir qué carta magna regirá al país. En septiembre del año pasado rechazaron una propuesta izquierdista y el 17 de diciembre próximo deberán pronunciarse sobre un texto conservador.
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A continuación AP Explica el proceso constitucional.
Tras un violento estallido social en 2019, el 78% del electorado decidió en un plebiscito convocado por el Congreso que quería una nueva constitución que reemplazara a la legada por la dictadura militar de 1973 a 1990.
Primero eligieron democráticamente a un grupo de redactores mayoritariamente de izquierda y ultraizquierda y luego de rechazar su proyecto este año escogieron un órgano redactor dominado por la oposición derechista.
El texto fue elaborado por un Consejo Constitucional de redactores electos democráticamente, de los cuales 22 son militantes del ultraderechista Partido Republicano, 11 de la derecha tradicional y 17 de izquierda.
La abogada ultraderechista Beatriz Hevia, que presidió el Consejo, afirma que el proyecto tiene la capacidad para terminar con la incertidumbre institucional y política y que durante su elaboración se escucharon “las inquietudes de todos los sectores e incorporaron sus ideas”, en referencia a las permanentes críticas de la izquierda que afirma que su posición no fue tenida en cuenta.
El consejero socialista Alejandro Kohler dijo que la oposición selló un texto “excluyente, dogmático y que no da cuenta de la diversidad que caracteriza a nuestro país”.
Cada uno de los 216 artículos del texto fue aprobado por los votos de tres quintos de los miembros del Consejo, es decir, por al menos 30 de sus 50 consejeros.
El proyecto contiene varios artículos criticados por el oficialismo, entre ellos los relacionados con el derecho a la vida, las contribuciones y la sustitución de las condenas de cárcel.
El más controversial es el que sostiene que “la ley protege la vida de quien está por nacer” y que según el oficialismo izquierdista podría dificultar la aplicación de la norma vigente desde 2017 que autoriza el aborto en tres situaciones específicas: peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. De aprobarse, sostiene la izquierda, implicaría un retroceso en los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo.
La izquierda también critica otro texto que permitiría a los condenados a penas de cárcel pedir el arresto domiciliario en caso de padecer una enfermedad terminal porque, afirma, favorecería a varios condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Otro artículo polémico es que el deja exento del pago de contribuciones a los inmuebles destinados a vivienda principal, exceptuados los de mayor valor o cuyos propietarios tengan altos ingresos. La mayoría de los 345 alcaldes lo rechazan porque aseguran que el 58% de los ingresos municipales destinados a obras públicas provienen de las contribuciones.
En tanto, el oficialismo sostiene que la nueva carta magna mantiene el papel destacado del sector privado en la provisión de derechos sociales como la salud y la educación y advierte que sólo podrán elegir mejores servicios quienes tengan el dinero para pagarlos, como sucede ahora.
Si el proyecto es aprobado el presidente Gabriel Boric afirmó que "como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación”. Añadió que su administración, con los demás poderes del Estado, se hará cargo de las reformas legales y las adaptaciones reglamentarias que serán necesarias.
El mandatario deberá promulgar el texto que será publicado en el Diario Oficial en los 10 días siguientes al plebiscito, fecha en que entrará en vigor. El mismo día quedará derogada la constitución vigente desde hace 42 años.
Si es rechazado seguirá vigente la constitución impuesta por la dictadura militar en 1981, que sigue siendo cuestionada a pesar de que ha tenido unas 70 reformas.
Ante un eventual rechazo Boric virtualmente descartó convocar a un tercer proceso constitucional mientras dure su mandato, que concluye en marzo de 2026.
Diversas encuestadoras locales coinciden en que la mayoría de los consultados indicaron que votarán en contra del proyecto constitucional. El último sondeo de Cadem señala que un 31% lo hará a favor, mientras un 50% rechazará el texto. Otro 15% dijo no saber o no respondió.
Los últimos días el porcentaje de quienes dicen que votarán a favor ha ido creciendo lenta aunque constantemente.
