CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La Asamblea Nacional de Panamá aprobó el jueves en una nueva votación una moratoria indefinida que prohíbe nuevas concesiones mineras, pero a la vez descartó derogar el polémico contrato con una minera canadiense para extraer cobre en una zona boscosa que ha levantado protestas masivas en todo el país.
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El Pleno legislativo, que fue convocado para dar el aval final al proyecto de ley con el que el gobierno intentaba apaciguar el malestar popular, resolvió devolver la propuesta a segundo debate con modificaciones. Entre ellas, sacar la cláusula que directamente pedía derogar el contrato con Minera Panamá, una subsidiaria de la canadiense Fisrt Quantum Minerals, y que había sido introducida por la comisión que recibió en primera instancia la iniciativa legislativa.
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En una corta sesión, los diputados aprobaron el proyecto de ley sobre la moratoria indefinida de minería metálica una vez retirada la mención a la derogatoria. Queda ahora pendiente la discusión en tercer debate, que se dará el viernes, y en el que no se pueden hacer modificaciones y luego la sanción del presidente panameño, Laurentino Cortizo.
La decisión del Legislativo de echar para atrás la derogación del contrato se da en medio de advertencias de juristas que subrayaban que ello podría generarle demandas multimillonarias al Estado. Y plateaban que la mejor vía para rescindir el contrato es dejar que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre su inconstitucionalidad.
Cortizo convocó al Legislativo, que está en tiempo de receso, a una nueva jornada de sesión extraordinaria el viernes para darle el debate final a la ley de moratoria minera, pero no mencionó el proyecto para una consulta popular en la que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre si se deroga el contrato minero, que ya fue aprobado por la Asamblea y refrendado por el mandatario.
Ambos proyectos, el de moratoria minera y el de la consulta popular, fueron propuestos por el presidente Cortizo en un intento de frenar las manifestaciones, que comenzaron el 20 de octubre cuando el mandatario sancionó y promulgó aceleradamente el contrato, pese al rechazo popular.
Ese acuerdo, hecho ley, le dio derecho a la subsidiaria de First Quantum Minerals para seguir extrayendo, procesando y comercializando cobre y otros minerales en una zona de más de 12.955 hectáreas por un periodo de 20 años, prorrogable a 20 más.
La corte ha admitido ocho demandas de inconstitucionalidad presentadas por gremios y juristas. Los expertos consideran que de darse un fallo en esa línea libraría al Estado de posibles demandas multimillonarias por parte dela empresa.
La moratoria prohíbe al Estado hacer nuevas concesiones de exploración, extracción y transporte de minerales metálicos en todo el territorio nacional. El veto regiría, si la ley es aprobada en el tercer debate final, hasta que se haga una reforma integral al Código de Recursos Minerales, que sea producto de un amplio consenso nacional.
Entre las modificaciones que fueron aprobadas también está la de incluir las prórrogas que soliciten unas 15 concesiones de minería metálicas vigentes.
Las protestas siguieron el jueves impulsadas mayormente por ambientalistas, jóvenes a través de las redes sociales, docentes, por gremios de la industria de la construcción, personal de salud e indígenas, entre otros, que exigen la derogación del contrato ley.
Varios grupos que se manifestaron frente a la Asamblea, muchos fueron dispersados con gases lacrimógenos, incluso casi entrada la noche. Las marchas y concentraciones continuaron en la capital en diversas avenidas y en el interior del país.
En la occidental provincia de Chiriquí, productores y pobladores molestos por los bloqueos de carretera se enfrentaron con manifestantes dejando al menos siete heridos entre ambos bandos.
La policía dijo que evacuó a varios niños y mujeres que quedaron en medio del enfrentamiento en la vía principal de la comunidad chiricana de Volcán y fueron llevados a recibir atención médica para descartar problemas de salud.
