PANAMÁ (AP) — El presidente panameño Laurentino Cortizo anunció el domingo que pedirá se convoque a una consulta popular para decidir sobre la derogación o no de un contrato con una empresa canadiense para extraer cobre en una zona boscosa del norte del país, un asunto que ha generado multitudinarias protestas en los últimos días.
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En un breve mensaje nocturno a la nación, Cortizo dijo que solicitará al Tribunal Electoral que organice la consulta para el 17 de diciembre, una medida que no pareció convencer de inmediato a organizadores de las manifestaciones que insistieron a través de redes sociales que seguirán en las calles.
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“A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano”, manifestó el mandatario, luego de una nueva jornada de protestas y manifestaciones en la capital y el resto del país centroamericano.
Fue el tercer anuncio que hace Cortizo esta semana en cadena nacional en un intento por apaciguar las masivas protestas, impulsadas mayormente por jóvenes a través de las redes sociales y por gremios de la industria de la construcción, magisteriales y médicos, entre otros, que exigen la derogación del contrato-ley.
En rascacielos residenciales de la capital se hicieron sonar cacerolas luego del anuncio presidencial.
Cortizo, a quien le resta menos de un año para culminar su quinquenio, sancionó y promulgó aceleradamente el contrato ley el viernes 20 de octubre, luego de que también se aprobó con rapidez en el Legislativo pese al rechazo popular. La ley le dio derecho a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, para seguir extrayendo, procesando y comercializando cobre y otros minerales en una zona de más de 12.955 hectáreas por un periodo de 20 años, prorrogable a 20 más.
Mientras que el gobierno defiende el contrato con el argumento de que salvaguarda miles de empleos en esa mina y hace un importante aporte a la economía del país de poco más de 4 millones de habitantes, los que lo rechazan señalan que el Estado otorga demasiadas concesiones a la empresa y es desventajoso financieramente para Panamá.
El gobierno destaca que con el contrato se asegura un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares por parte de la minera, la cual comenzó a exportar el mineral en junio de 2019. La empresa reportó que las exportaciones por 2.850 millones de dólares en 2022.
Los manifestantes también se oponen a los derechos que se le dan a la mina para el uso del agua en esa zona considerada de importancia hídrica, y advierten del impacto al medio ambiente, incluyendo la deforestación. La minera asegura que para el procesamiento del mineral utiliza 100% agua de lluvia en un circuito cerrado.
Esta semana se presentaron al menos cinco recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en contra del contrato-ley, dos de los cuales fueron admitidos. Los juristas han dicho que una declaración de inconstitucionalidad anularía al contrato y libraría al Estado de posibles demandas multimillonarias por parte de la empresa. Sin embargo, ahora se desconoce el rumbo de esos recursos luego del anuncio sobre la convocatoria de la consulta.
Cortizo anunció asimismo que elevará al nivel de ley la prohibición de la minería metálica a nivel nacional.
El domingo se cumplió el séptimo día de protestas en la capital y el resto del país, las cuales han sido consideradas las más grandes desde las registradas contra el régimen del dictador Manuel Antonio Noriega a fines de la década de 1980.
