CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los trabajadores de los tribunales federales en México acordaron el miércoles extender hasta finales de la semana el paro nacional que iniciaron el 19 de octubre en protesta por los recortes financieros al Poder Judicial que aprobó el Congreso, de mayoría oficialista.
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El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación dijo en comunicado que se decidió prorrogar la huelga general hasta el 29 de octubre en rechazo a la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del sector que avalaron los legisladores.
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Adrián Almaraz, asistente del secretario general del sindicato, dijo a The Associated Press que los empleados de los tribunales esperarán que el recorte de fondos entre en vigor para iniciar las acciones legales contra la reforma que, aseguran, vulnera sus derechos laborales.
Los congresistas del partido oficialista Morena y sus aliados en el Senado avalaron el martes la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, que tienen aproximadamente unos 800 millones de dólares, alegando que sólo financiaban corrupción y privilegios.
La polémica medida salió adelante pese a discrepancias en el seno oficialista. Quien fuera la primera secretaria de Gobernación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez Cordero, votó en contra para respaldar a todos los trabajadores que, según dijo, se verían afectados. Antes de llegar al gobierno Sánchez Cordero fue magistrada en la Corte Suprema.
A Morena tampoco le importaron los anuncios de acciones judiciales lanzados por sus críticos. La senadora Xóchitl Gálvez, candidata de los principales grupos de oposición para las elecciones presidenciales de 2024, adelantó que se presentarían recursos por considerar inconstitucional la medida.
Los trabajadores se habían manifestado la víspera en la puerta del Senado después de días de múltiples protestas en todo el país y justo cuando culminaba un paro de labores de cuatro jornadas. Insistieron que lo que está en juego no son privilegios sino derechos y por eso el líder sindical Jesús Gilberto González Pimentel aseguró que todos se sentían “agredidos” por la acción y que, como sindicato, darían acompañamiento a los amparos colectivos que se presenten.
La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva.
La justicia mexicana tiene problemas desde hace años y es lenta. La ONU ha denunciado altos índices de impunidad en el país.
Al respaldar la decisión del Congreso, López Obrador reiteró el miércoles sus críticas al Poder Judicial e instó a los ministros de la Suprema Corte y magistrados que le digan al país si "no son corruptos, con algunas excepciones”.
El presidente siempre lo ha considerado un sector lleno de privilegios, pero el hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración —de las leyes energéticas a la creación de la Guardia Nacional— hayan sido cuestionadas en los tribunales, hizo incrementar sus arremetidas contra los magistrados y sobre todo contra la Suprema Corte.
López Obrador incluso ha llegado a apostar porque los jueces del máximo tribunal fueran elegidos en elecciones populares. Además, considera que sus miembros son parte de lo que llama la antigua “mafia del poder”.
El cruce de críticas, acusaciones e incluso insultos ha ido en aumento a lo largo de su gobierno, en particular desde el cambio en la presidencia de la Suprema Corte, que hasta fines de 2022 estaba liderada por un magistrado más afín al gobierno.
El máximo tribunal ha señalado que suprimir los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55.000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo. Aseguró también que si hay una reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de todos los mexicanos.
Además del fin de los fideicomisos, el presupuesto general para 2024 presentado por el gobierno también contempla recortes para la judicatura.
