LA PAZ, Bolivia (AP) — El Ministerio Público boliviano presentó el lunes una acusación por genocidio contra la encarcelada expresidenta interina Jeanine Áñez por una violenta represión a manifestantes que provocó 19 muertes durante la crisis política de 2019.
El fiscal general Juan Lanchipa informó en rueda de prensa que “han concluido las investigaciones judiciales”, por lo que la Fiscalía “presentó acusación formal por genocidio y pedirá 30 años de pena para la señora Áñez".
Lanchipa dijo que será un proceso ordinario y no un juicio de responsabilidades como ha pedido Áñez desde la cárcel.
Dos ministros de la exmandataria que no están en el país y otros 15 mandos militares de entonces también serán procesados. “Se ha recopilado una cantidad considerable de pruebas documentales”, dijo el fiscal general.
Las llamadas masacres de Senkata y Sacaba tuvieron lugar entre el 15 y 19 de noviembre de 2019 en La Paz y Cochabamba cuando partidarios de Morales fueron reprimidos por militares y policías con el saldo de 19 fallecidos.
En total 47 personas murieron en poco más de un mes de protestas entre seguidores y detractores de Morales.
Las violentas protestas estallaron en las calles después de que la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció fraude en las elecciones de 2019 en las que Morales (2006-2019) buscaba un cuarto mandato. Las protestas forzaron su renuncia.
Una misión de expertos de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) concluyó en 2021 que hubo un uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas y responsabilizó por los hechos tanto a Morales como a Áñez, pero el exmandatario no fue investigado.
Áñez permanece en una cárcel de La Paz desde marzo de 2021 y ha sido condenada a 10 años por resoluciones contrarias a la constitución por la sesión del Senado en la que, como senadora de oposición en la línea de sucesión, se proclamó presidenta del país.
Según la Fiscalía no se trató de una sucesión constitucional por lo que Áñez no tiene derecho a juicio de responsabilidades.
La exmandataria no se pronunció de inmediato sobre la nueva acusación, pero en mayo de este año presentó una demanda en contra del Estado boliviano ante la CIDH por negarle un juicio de responsabilidades.