MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
Así lo constata el 'Estudio sobre los factores condicionantes de la coordinación sociosanitaria para la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica en España', realizado por COCEMFE gracias a una subvención procedente del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la implicación directa de más de 800 personas entre personas con discapacidad, el Movimiento Asociativo de COCEMFE, personal gestor y profesional de la sanidad pública y de los servicios sociales y personas expertas.
El responsable del Área de Cohesión Social y Coordinación Sociosanitaria de COCEMFE, Alejandro Fernández, ha presentado esta semana el documento durante la 'Jornada sobre discapacidad orgánica: hacia un enfoque integrador para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica', organizada por la entidad en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
De los datos se desprende que las "carencias actuales" en los servicios públicos obligan a "la mayoría" de las personas con discapacidad física y orgánica a recurrir a servicios privados para poder disponer de los servicios, tratamientos o productos que necesitan.
Así, el 81,6% de las personas de este grupo social tienen unos sobrecostes superiores a los 50 euros mensuales; un 44%, de entre 50 y 200 euros, y un 37,3%, de más de 200 euros.
Por otro lado, el estudio revela que el 62% de los profesionales sanitarios y sociales reconoce que la dificultad más compartida es "la escasa comunicación existente entre el sistema social y sanitario" al depender de administraciones diferentes, la falta de historial compartido (49%) y de sistemas tecnológicos (46%).
"Aunque se trata de una cuestión universal, en el caso de las personas con discapacidad física y orgánica es especialmente importante que los recursos sociales y sanitarios estén coordinados y que garanticen atenciones flexibles y centradas en las personas", ha destacado Fernández.
Por otro lado, las personas con discapacidad encuestadas han indicado marcadas limitaciones en relación con los principales ámbitos de participación como, por ejemplo, el acceso en igualdad de condiciones al trabajo o la formación (78,5% dice no tenerlo); el acceso a actividades de ocio (75%), la conciliación en el ámbito laboral o educativo (74%), la satisfacción de la vida sexual (para el 67% es poca), la inadecuación de la vivienda (55%) y la dificultad para tomar decisiones y llevarlas a cabo (50%).
En base a los resultados del estudio, COCEMFE ha demandado reducir la demora en la atención, mejorar el acceso a la información sobre los recursos y servicios, una mayor coordinación entre profesionales y servicios y entre el sistema social y el sanitario, así como una mejora de la accesibilidad de los servicios sociales y sanitarios.
Tal y como ha señalado Fernández, "hay consenso en torno a la necesidad de pensar un modelo de atención social y sanitaria que ponga a la persona en el centro, que sea flexible y que posibilite atenciones longitudinales".