LIMA (AP) — Las fuerzas de seguridad peruanas violaron derechos humanos, usaron armas de fuego y cometieron torturas durante las manifestaciones en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso que dejaron más de 50 muertos, indicó las Naciones Unidas en un informe.
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El documento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, publicado la noche del jueves, reveló que en casos documentados las fuerzas de seguridad usaron la fuerza fuera de las normas internacionales, “lo que equivaldría a una privación arbitraria de la vida”, incluso en manifestantes o transeúntes no suponían una amenaza aparente para los uniformados.
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Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo en un comunicado que “los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas... si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado”. Añadió que "las víctimas deben recibir una reparación integral”.
De acuerdo con Naciones Unidas durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte hubo 50 civiles muertos, la mayoría a causa de armas de fuego y con heridas mortales en la parte superior del cuerpo. Casi la mitad —24 fallecidos— no participaban en las protestas. Mencionó el caso de un adolescente de 15 años, ocurrido el 15 de diciembre en la ciudad de Ayacucho, que recibió un balazo en la espalda cuando volvía a casa de trabajar.
El informe indicó que fueron consultados expertos en armamento que confirmaron el uso de fusiles compatibles con los de tipo Galil de IMI (Industrias Militares Israelíes) o IWI (Industrias de Armas Israelíes) en las zonas donde se produjo la mayor cantidad de fallecidos.
La ONU contabilizó 108 civiles heridos con armas de fuego y de esos el 60% presentaban lesiones en la parte superior del cuerpo como el rostro, el pecho y la espalda. El 39% quedaron con “secuelas físicas permanentes”, luego de que los proyectiles alcanzaron órganos vitales. Adicionalmente otros 713 civiles también fueron heridos, mayormente con contusiones.
El informe también documentó que más de 50 personas detenidas durante las protestas recibieron malos tratos. Cinco campesinos de la aldea Cuyo Grande dijeron que a fines de enero con el fin de obtener sus firmas y huellas dactilares, recibieron “golpes, simulación de ejecución con arma de fuego y amenazas de violación sexual”, dentro de la comisaría de la ciudad de Cusco. Las personas declararon tener “secuelas de las palizas, con fuertes dolores de cuello y estómago”.
El 9 de febrero más de 40 campesinos en la región Apurímac que retornaban en camiones y autobuses de las protestas, fueron interceptados por policías que dispararon contra los vehículos. Denilson Huaraca, un estudiante de mecánica automotriz de 22 años, murió por una herida de bala en el tórax. Otros tres quedaron heridos. Una de las sobrevivientes quedó parapléjica y otra se recupera de un balazo cerca del corazón que le perforó el pulmón. El resto de las personas fue obligado a bajar por más de tres horas en una zona donde la temperatura estaba bajo cero, mientras eran “interrogadas por la policía y recibían golpes y pisoteos”. Luego la policía obligó a un herido a conducir uno de los autobuses hasta la comisaría de Abancay, donde todos quedaron detenidos por 72 horas.
El informe también señaló que siete miembros de las fuerzas de seguridad murieron en el contexto de las protestas, incluidos un policía y seis soldados. Asimismo indicó que 208 miembros de las fuerzas de seguridad quedaron heridos por las piedras o palos que recibieron de algunos manifestantes.
La ONU recomendó a Perú planificar las operaciones policiales, garantizar que no se utilicen armas de fuego en el contexto del control de multitudes durante protestas sociales y “tomar todas las medidas necesarias para abordar eficazmente los estereotipos discriminatorios o racistas o de género".
En septiembre, durante su primer viaje como mandataria a Nueva York para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Boluarte dijo que Perú estaba en proceso de “pacificación”. “Tuvimos que pararnos firmemente en defensa de la democracia, en el respeto al Estado de Derecho”, añadió la presidenta en referencia a las manifestaciones en su contra.
Boluarte, una abogada de 61 años, asumió el poder el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo del destituido presidente Pedro Castillo, quien fue encarcelado tras intentar disolver el Congreso y gobernar por decreto. En respuesta a la remoción de Castillo miles de peruanos —sobre todo los más pobres, de los sectores rurales y de lengua quechua en los Andes del Sur— salieron a protestar entre diciembre y marzo.
