AZNALCÓLLAR (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)
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"Se somete a información pública el proyecto explotación de recursos de Sección C) Núm 7976, Zona de Aznalcóllar e instalaciones auxiliares, sita en los términos municipales de Aznalcóllar, Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, cuyo promotor es la entidad Minera Los Frailes", figura en el mencionado anuncio, fechado el pasado 2 de octubre y recogido por Europa Press.
Dicho anuncio establece un plazo de 30 días, para la consulta del expediente y la formalización de alegaciones ante la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas.
LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL
Ello, después de que el pasado mes de septiembre, el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, manifestase una vez más en el Parlamento de Andalucía que la reactivación del complejo minero, cuyos derechos de explotación fueron adjudicados por la Junta de Andalucía a la alianza empresarial promovida entre Grupo México y Minorbis, está aún a la espera del informe de admisibilidad del vertido al dominio público marítimo y terrestre.
Así se pronunciaba el consejero el pasado mes de septiembre, si bien al comenzar 2023, Paradela había fijado en el primer cuatrimestre de este mismo año la reapertura del complejo minero.
A tal efecto, recordemos que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
LAS DOS ÓRDENES DE SOBRESEIMIENTO Y LA JUEZ ALAYA
El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
En cualquier caso, ante las últimas declaraciones del consejero Paradela sobre este asunto el pasado mes de septiembre, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (IU), exponía es necesario "dejar trabajar a los técnicos y funcionarios, para que hagan las cosas bien, todo esté al milímetro y no haya problemas" en la reapertura de la mina, un hito que como siempre señala, ha despertado grandes "expectativas" en materia de empleo en la comarca del Corredor de la Plata.
Eso sí, el alcalde avisaba, una vez más, de que "los papeles no pesan en un rincón", pero en Aznalcóllar las familias tienen que "llenar la olla y pagar todos los meses hipotecas, electricidad, agua" y los gastos escolares de los niños.
UNA REAPERTURA "VITAL" PARA EL MUNICIPIO
"Confiamos en el trabajo de la empresa, del Gobierno de la Junta y de los sindicatos, porque la labor se está haciendo bien, pero tenemos a una comarca desesperada y en los tiempos de crisis que tenemos, es vital pedir que se agilice el procedimiento todo lo posible, para que la reapertura de la mina sea una realidad cuanto antes", enfatizaba el alcalde, recordando que el asunto se está "ralentizando" respecto a las previsiones iniciales.
Y es que según destacaba, en Aznalcóllar la reactivación de la labor minera se ve como el "pistoletazo de salida del resurgir" económico y laboral del municipio, tras 21 años del cierre del recinto minero como consecuencia del enorme desastre ambiental derivado de la fractura de su balsa de metales pesados, cuando estaba explotado por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), filial de la multinacional sueca Boliden.
La reapertura de la mina, no lo olvidemos, cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.