BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano y la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC pactaron el lunes un cese del fuego bilateral por los próximos tres meses e instalaron formalmente una mesa de diálogo, luego de superar momentos de tensión entre las partes.
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Un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordena la suspensión de operaciones militares ofensivas en contra de la disidencia autodenominada Estado Mayor Central (EMC) a partir del 17 de octubre y hasta el 15 de enero de 2024, con posibilidad de ser prorrogado.
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La suspensión de hostilidades incluye “respetar la vida en todas sus formas”, los derechos y libertades de la población civil, incluidos los firmantes de los acuerdos de paz anteriores, así como crear condiciones para el libre desarrollo de las elecciones locales de alcaldes y gobernadores a celebrarse el 29 de octubre.
“Es preferible iniciar el camino sin ruido de las armas, prohibiendo agredir y matar, que recorrer un camino de muerte”, dijo Camilo González, el jefe negociador del gobierno, durante el evento en Tibú, fronterizo con Venezuela. Y agregó: “Vale la pena intentar conversar en medio de un cese al fuego con rigurosos compromisos de respeto a la población civil”.
El cese al fuego será nacional y contará con un mecanismo de monitoreo y verificación a crearse con delegados de las fuerzas militares, el gobierno, la disidencia y la Iglesia. También podría participar la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, si el Consejo de Seguridad así lo aprueba, y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA), si así lo deciden.
La mesa fue instalada en Tibú, un municipio de la convulsa región del Catatumbo que ha vivido por décadas el conflicto armado en Colombia.
Durante el evento, dos niños vestidos de blanco y con sombreros campesinos cantaron pidiendo el fin de la violencia en su territorio: "En esta trova bonita quiero que escuchen mi voz, por favor, hermanos míos que ya no suene el cañón, porque me entristece mucho ver a mi mamá llorar porque de pronto una bala mi vida pueda quitar”.
Andrey Avendaño, vocero de las disidencias en la mesa, hizo un llamado al consenso, instó a la población a participar y aseguró que el diálogo que inicia puede ser una manera de desescalar el conflicto social, político y económico que persiste en Colombia desde hace décadas.
“Para nosotros la solución política es la hoja de ruta... Nos tocó armarnos porque nos cerraron todas las vías”, dijo Avendaño, acompañado de un grupo de seis disidentes del EMC.
El gobierno del izquierdista Gustavo Petro busca el diálogo con las disidencias Estado Mayor Central, una facción armada que no firmó en 2016 el histórico acuerdo de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El EMC dice ser el “heredero” de las FARC y no acepta ser llamado “disidente”. El gobierno anterior lo consideraba un grupo criminal, negando así el reconocimiento político que sí aceptó darle el presidente Petro al buscar un nuevo proceso de paz.
Su líder máximo es Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, un excomandante de las extintas FARC que se negó a entregar las armas hace siete años y a quien el Estado siguió combatiendo hasta darlo por muerto en 2022. Sin embargo, Mordisco reapareció recientemente para negociar con Petro. Su estructura en realidad está compuesta por varias facciones que se juntaron y suman unos 5.000 insurgentes, según las Fuerzas Armadas.
Jorge Restrepo, director del centro de investigación y estudios sobre conflictos armados CERAC, explicó a The Associated Press que la naturaleza misma del EMC —compuesto por varias agrupaciones— es la que puede dificultar la efectividad del cese del fuego.
“Hay disputas entre diferentes grupos que hacen parte del EMC. Eso limita el efecto positivo que va a tener en las comunidades que no necesariamente van a ver un beneficio tan rápido, va a permanecer el miedo durante un tiempo hasta tanto progresa este cese al fuego”, señaló Restrepo.
También podría afectar el hecho de que otros grupos armados que persisten en el país no están incluidos en el cese de hostilidades y continúen los enfrentamientos, ya no del EMC con el Estado, sino con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Clan del Golfo dedicado al narcotráfico, apuntó Restrepo.
El 8 de octubre, cuando se esperaba que comenzara el diálogo, el gobierno y la insurgencia sólo lograron pactar un cese provisional de acciones ofensivas tras un incidente en el que reportaron muertos. En ese momento, el cese al fuego bilateral quedó en vilo por desacuerdos mutuos.
Las tensiones de las últimas semanas han pasado a confrontaciones en varias partes del país. La última se produjo el 11 de octubre cuando el Ejército reportó que uno de sus soldados murió en un “ataque” en el convulso departamento de Cauca por la estructura Carlos Patiño, una facción del EMC.
La versión de las disidencias fue la contraria: aseguraron en un comunicado que unidades del Ejército “emboscaron y asesinaron a tres miembros de nuestra organización insurgente y un civil” en “clara violación de los acuerdos”.
