MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
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Giammattei ha argumentado que "el presidente de la República no puede remover de forma directa a la fiscal general y jefa del Ministerio Público", que es "inviable (...) ya que este no cuenta con las facultades directas para proceder con la remoción".
En este sentido, el mandatario ha hecho hincapié en que el Jefe de Estado ha de respetar la Constitución y ejercer sus funciones "en estricto apeo del principio de legalidad".
"Por ello, es importante citar el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público (...) que establece, y lo cito textualmente, que el presiente de la República podrá remover al fiscal general de la República por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada", ha explicado el mandatario guatemalteco.
"Esa ley no la pusimos nosotros. Esa ley se puso en tiempo de CICIG (siglas de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) para proteger a la señora Thelma Aldana (entonces jefa del ente). Hoy quieren que yo la ejecute como era antes y no se puede. No lo puedo hacer y, al pedirlo o al tratar de hacerlo, estaría cometiendo un delito que se llama extralimitarme en mis funciones, un abuso de autoridad", ha sentenciado el presidente.
Estas declaraciones de Giammattei llegan después de que las autoridades indígenas de Sololá presentaran este miércoles una solicitud ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala para exigir la destitución de Consuelo Porras, tras los últimos registros llevados a cabo por el Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Esto se produjo en el marco de las protestas y bloqueos, que estallaron después de que nuevos registros de la Fiscalía en los que incautaron las actas de las elecciones presidenciales, ganadas por el actual presidente electo, Bernardo Arévalo.
Los bloqueos en las carreteras están protagonizados fundamentalmente por sectores indígenas, civiles y estudiantes, que exigen la dimisión de Porras, así como la del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.
