NACIONES UNIDAS (AP) — El compromiso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para transformar las zonas rural y de conflicto marginadas durante años y los nuevos esfuerzos de paz fueron los aspectos más destacados de su primer año en el poder, dijo el enviado especial de Naciones Unidas para el país.
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Pero Carlos Ruiz Massieu condenó el asesinato de cerca de 400 excombatientes que firmaron un acuerdo de paz en 2016 y pidió “medidas urgentes y concretas de las autoridades para su protección, además de la de líderes sociales y defensores de los derechos humanos”.
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En una comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles, afirmó que la demora en la puesta en marcha de las reformas rurales ha limitado la transformación de las zonas rurales y de conflicto que se esperaba del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la que entonces era la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Aunque aún queda mucho camino para alcanzar los ambiciosos objetivos del acuerdo a este respecto (...) los crecientes esfuerzos del gobierno están en el camino de lograr estas reformas”, apuntó.
El acuerdo de 2016 puso fin a más de 50 años de guerra que dejaron más de 220.000 fallecidos y casi seis millones de desplazados. Más de 14.000 combatientes de las FARC depusieron las armas en virtud del pacto, pero la violencia entre algunos grupos rebeldes ha crecido en parte de Colombia.
El ministro colombiano de Exteriores, Álvaro Leyva, dijo al Consejo que en el país persisten varias formas de violencia y que “nuestro esfuerzo y compromiso renovado con la paz debe mantenerse y ser una tarea superior”.
La aplicación del acuerdo de 2016 no ha sido fácil y exige perseverancia, pero debe ser “inviolable”, apuntó Leyva, añadiendo que la decisión de Colombia de pedir al Consejo de Seguridad el establecimiento de una misión política para verificar la implementación del pacto — que se hizo en una resolución que refrendó el acuerdo de paz — “fue la muestra de la voluntad de entonces de alcanzar la reconciliación de manera irreductible”.
A poco más de un mes del séptimo aniversario de la firma del pacto, el canciller dijo que Petro asumirá en los próximos días la responsabilidad directa en una declaración unilateral de Estado para cumplir los compromisos contemplados en la resolución del Consejo.
“(Quiero) reiterar que los diálogos que se continúan adelantando con los diferentes grupos y actores armados sea una herramienta fundamental (...) para conseguir la paz total en todo el territorio nacional y para aliviar el impacto humanitario de la violencia armada y criminal”, dijo Leyva.
El gobierno reconoce que esto debería ir de la mano con la puesta en marcha de su Plan de Desarrollo Nacional, manifestó.
Leyva indicó que, aunque la resolución de la ONU afirma que el componente de la justicia debe aplicarse a todos los que participaron directa o indirectamente en el conflicto, el gobierno considera que debería “aplicarse a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otro relacionado con el conflicto así no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión”.
A principios de agosto, el Consejo autorizó por unanimidad la misión para ayudar a verificar la aplicación de un acuerdo de alto el fuego entre el gobierno y la principal guerrilla en activo en el país, el Ejército de Liberación Nacional o ELN.
El Consejo expresó también su disposición a hacer lo mismo si se alcanza un alto el fuego con otro grupo armado, FARC-EMC, dirigido por antiguos comandantes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz.
El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, expresó su preocupación por la capacidad del comando central del ELN para mantener el alto el fuego “en un momento en que varios frentes bajo su mando siguen mostrando su descontento”.
Wood citó una publicación reciente en prensa que indicó que el 40% de los miembros de la guerrilla rechazarían un acuerdo de paz con Bogotá “porque siguen recibiendo lucrativas ganancias del narcotráfico y la minería ilegal.”
El representante estadounidense calificó de “avance positivo” el reciente anuncio de FARC-EMC de que cesaría sus ataques contra el ejército y la policía e iniciaría un alto el fuego de 10 meses.
“Pero necesitamos ver más avances en este esfuerzo antes de que el Consejo considere ampliar aún más el mandato”, dijo reafirmando el compromiso de Washington de trabajar con Colombia para aplicar el acuerdo de paz de 2016.
Por su parte, la embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, aplaudió también los recientes avances del gobierno colombiano en cuanto a las reformas rurales y a la restitución de tierras a las comunidades indígenas.
