BOGOTÁ (AP) — El cese al fuego bilateral entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional ha resultado en una disminución del conflicto entre las partes, indicó el miércoles Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad.
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La Misión de Verificación de la ONU en Colombia está encargada de monitorear y verificar la implementación del cese al fuego con el ELN por decisión de los países miembros del Consejo de Seguridad.
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La tregua entre las partes inició el 3 de agosto de este año y se extendería hasta el 29 de enero de 2024, según el decreto presidencial que la ordenó a nivel nacional, como parte de lo acordado en los diálogos de paz que adelantan el Estado y la guerrilla ELN, fundada en 1964 bajo la inspiración de la revolución cubana.
Ruiz Massieu aseguró que ese mecanismo “está contribuyendo a la prevención y la resolución de incidentes entre las partes” e informó que a Colombia llegaron 31 de los 68 observadores internacionales que trabajarán en monitorear al cese al fuego.
Según adelantó Ruiz Massieu, pronto llegará al Consejo de Seguridad una nueva solicitud para que la Misión de la ONU en Colombia haga monitoreo de un eventual cese al fuego con las disidencias Estado Mayor Central, un grupo armado que nunca firmó el acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el marco de la mesa de diálogo que estaría por instalarse.
“En tiempos de tensión en todo el mundo, el caso de Colombia es un recordatorio de que incluso el más enraizado de los conflictos puede resolverse mediante el diálogo, y un llamado a no desistir nunca en la búsqueda de la paz”, aseguró Ruiz Massieu durante la presentación del informe trimestral sobre la situación del proceso de paz con las extintas FARC ante el Consejo de Seguridad.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha puesto en marcha varias iniciativas para establecer mesas de diálogo con actores armados como parte de una política denominada la “paz total”, que tiene como objetivo desescalar la violencia en el país.
La violencia continúa obligando a miles a dejar sus hogares. Más de 8.500 personas tuvieron que desplazarse y 27.000 fueron confinadas entre el 27 de junio y el 30 de agosto de 2023, según el informe presentado el miércoles.
En ese mismo periodo recibieron 52 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos, cuatro han sido verificados y 44 están en proceso de verificación. Además, se documentaron 15 asesinatos de excombatientes de las extintas FARC, con lo que la lista de homicidios llegó a 394 desde la firma del acuerdo de paz en 2016.
“Esto es sencillamente inaceptable y exige de las autoridades medidas urgentes y concretas para su protección”, agregó Ruiz Massieu.
El representante especial también exhortó a las autoridades colombianas a garantizar la seguridad de los candidatos y votantes durante las elecciones locales de alcaldes y gobernadores a celebrarse el 29 de octubre, dado que la “violencia ya ha impactado la campaña electoral”.
