PANAMÁ (AP) —
El gobierno de Panamá aprobó el martes las modificaciones sugeridas por el Legislativo al contrato de concesión que se había negociado con una minera canadiense para explotar cobre en una zona boscosa al norte del país y que había ganado un fuerte rechazo social por el riesgo que podría suponer al ambiente.
El contrato, que requiere la aprobación de la Asamblea para que se convierta en ley del país, fue frenado en sede legislativa a fines del mes pasado durante su debate y devuelto al Ejecutivo para que lo modificara.
Los críticos dicen que el Estado está haciendo demasiadas concesiones a la minera y advierten del impacto medioambiental de la actividad a cielo abierto en una zona boscosa y de importancia hídrica. Presionan para que se eche atrás el contrato con Minera Panamá e que incluso se clausure esa actividad.
La presidencia informó mediante un comunicado que la negociación entre el Estado y Minera Panamá, una filial de la canadiense First Quantum, fue ajustada a las peticiones del Legislativo en reunión de gabinete del marte, encabezada por el presidente panameño Laurentino Cortizo.
La minera, ubicada al norte del país, es la mayor explotación de cobre y una de las inversiones privadas más grandes en Centroamérica. El contrato representa al menos 375 millones de dólares en ingresos para el Estado —en concepto de regalías, pago de impuestos e ingresos mínimos—, lo que supone, según el gobierno, un aumento de más de 10 veces respecto a lo que se estaba recibiendo de la concesión minera anterior, de 1997.
Entre las cláusulas modificadas están las referentes al alcance de la concesión, para que se aclarase que la minera sólo puede explorar, extraer y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, dijo la presidencia. “El contrato deja claro que no pueden extraer minerales fuera del área”, señaló.
También se hicieron modificaciones al asunto del espacio aéreo, al eliminar del contrato una cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo. Igualmente se eliminaron artículos referentes a la expropiación de propiedades.
Uno de los temas que cosechó más polémica se refería a que el convenio pactado podría ser considerado como un “contrato marco” de cara a futuras concesiones minera. Ese aspecto también fue modificado para, según la presidencia, dejar sentado que “los términos de este contrato solo aplican a Minera Panamá”.
También se incluyó una una cláusula “reafirmando que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía” de Panamá.
El nuevo texto del contrato con las modificaciones debe ser devuelto al Legislativo para que continúe el debate. No se informó de momento cuándo se reanudarían las discusiones.
Tras más de un año de conflictivas negociaciones, el gobierno panameño y la minera alcanzaron en marzo pasado un acuerdo para permitir a la mina seguir operando por 20 años más, prorrogables a otros 20 más.
Ante la controversia cosechada, la filial de la minera canadiense defiende que aportó el 4,8% del Producto Interno Bruto de Panamá y que sus exportaciones de cobre representaron el 80% de los envíos totales realizados por el país en 2021. Y subraya que emplea a más de 7.000 trabajadores.
Los ambientalistas dicen que no se trata de modificar un contrato para que la empresa siga extrayendo con más ganancias para Panamá, sino de definir el modelo de desarrollo del país asegurando la protección de sus recursos naturales. Y abogan por un rechazo total al acuerdo y que sea consultado en un referendo.
El abogado Ernesto Cedeño, especialista en contratación pública y Derecho administrativo, dijo que las modificaciones aprobadas por el ejecutivo “son insuficientes”.